El Estado tiene que estar al servicio de las personas

Chile ha experimentado un sostenido proceso de crecimiento y modernización en el marco de la globalización. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, el Estado chileno no ha logrado dar cuenta de los cambios sociales y tecnológicos que se han registrado en nuestro país y en buena parte del mundo.

Estos cambios han hecho surgir la demanda por políticas públicas de mejor calidad, con mayor participación de las personas, que consideren la diversidad y la pertinencia cultural, y que expresen el sello de la inclusión social. En esta perspectiva, mejorar el Estado presenta grandes desafíos, tanto en su estructura como en su funcionamiento, pero por sobre todo, en la gestión de sus recursos humanos.

Desde la recuperación de la democracia en Chile, en 1990, se han creado instituciones a cargo de distintos sectores sociales y nuevas temáticas, y se han generado mecanismos que han contribuido a modernizar su desempeño. Entre ellos podemos reconocer el Servicio de Impuestos Internos, el Sistema de Compras Públicas, el Sistema de Concesiones, el pago de pensiones, el Sistema de Alta Dirección Pública, o las medidas para aumentar la transparencia y la probidad.

Por otra parte, el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la década de los 90 –y que afectaron a los tres poderes del Estado- se expresó desde la creación de las primeras páginas webs institucionales, hasta la generación de sofisticados programas de gestión.

Hoy, existe un amplio consenso en el Senado, respecto a la necesidad de desarrollar un segundo proceso de reformas modernizadoras al conjunto del Estado.

En esta línea de reflexión, es necesario reiterar que el Estado tiene que estar al servicio de las personas. Sus prioridades son los servicios públicos, de los cuales son usuarios la mayoría de la población; también, el funcionamiento eficaz de un régimen político cada vez más democrático e inclusivo; y la preservación de bienes públicos y la provisión de nuevos.

De un enfoque sobre la modernización del Estado que se limitaba a la dimensión económica y a la eficiencia del aparato estatal, se está pasando a otro que -sin descuidar los anteriores- incorpora nuevas preocupaciones: la ampliación y profundización de la democracia, la construcción de Estados de derecho pleno y el reenfoque de la dimensión social del Estado orientado hacia la igualdad, y el mejoramiento de su cuadro administrativo.

En ese marco, el Sistema de Alta Dirección constituye un hito de primer orden. Fue instaurado en junio de 2003 con el objeto de optimizar la gestión pública y mejorar la calidad de los servicios que el Estado proporciona a sus ciudadanos. Ello, a través de una selección de cargos directivos de la Administración Central del Estado, por medio de concursos públicos basados en la idoneidad y el mérito.

Durante más de una década ha participado del desafío de mejorar la calidad de la función pública.

Como primera mujer en asumir la Presidencia del Senado, en toda su historia, me sorprende gratamente que el Sistema haya permitido aumentar la participación femenina en la gerencia pública. Si bien sólo un 23% de las candidatas son mujeres, un 30% de los nombramientos del Sistema recaen en ellas, cifra claramente superior al 15% de presencia de mujeres en la gerencia del sector privado y al 2% de mujeres presentes en sus directorios.  

Tenemos que sincerar el modelo de Alta Dirección Pública y es importante transparentar cuántos y cuáles son las y los funcionarios críticos, que requiere una administración de gobierno para cumplir con su programa.

¿Desde qué nivel de dirección debiera seleccionarse por concurso? ¿Cómo se equilibra la confianza política con la calidad profesional de los directivos? Son algunas preguntas que tenemos que hacernos y responderlas a partir de la experiencia del SADP.

El sistema imperante claramente requiere perfeccionamientos. Se hace necesario revisar un modelo que se tensiona por la alternancia en el poder; que no considera mecanismos estructurales de acompañamiento y desarrollo directivo; que entrega facultades insuficientes a la institucionalidad del Sistema y cuyas limitaciones han sido evidenciadas en el curso del tiempo.

Es necesario reflexionar, analizar y debatir en torno a la Alta Dirección Pública que aspiramos a tener en el futuro, integrando los aprendizajes alcanzados en la etapa de instalación y consolidación del modelo original, e implementando las reformas legales necesarias.

La Alta Dirección Pública surgió de un acuerdo político amplio y transversal, como una política de Estado, y sus características fueron modeladas al amparo del Parlamento. Hoy podemos avanzar hacia mayores grados de evolución del Sistema, con mayor audacia y convicción, pues sabemos cuáles son los problemas que es necesario superar y porque creemos que podemos hacerlo mejor, con altura de miras y perspectiva de Estado.

El Congreso Nacional será el escenario natural para esta tarea y confío en que junto a mis colegas, seremos capaces de concordar las reformas necesarias para avanzar hacia un sistema de reclutamiento público moderno y de acompañamiento a sus directivos, capaz de responder a los desafíos que la ciudadanía espera.