El gobierno y sus prioridades cambiadas

En la actualidad existen una serie de preocupaciones que agobian y afectan a los chilenos de manera transversal. En este sentido y según la última encuesta de la Universidad Diego Portales de 2015, la principal corresponde a delincuencia (38%), seguida por desigualdad (10.3%) y salud (9,5%). Dato importante, teniendo en cuenta que acabamos de discutir en el Congreso la Ley de Presupuesto 2016, donde el gobierno debería haber puesto énfasis precisamente en estas prioridades de la ciudadanía.

Es justamente ahí donde me quiero detener, para analizar lo que según mi parecer es un error en las prioridades presupuestarias del gobierno de la Presidenta Bachelet, esto teniendo en cuentas las necesidades y requerimientos de gran connotación social.

Para darse cuenta de cuáles son las prioridades del gobierno, basta dar una mirada al contenido de las propuestas del Presupuesto 2016 enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional. 

Por ejemplo, pese a la evidencia que señalan que Chile es un país proclive a catástrofes naturales como maremotos, erupciones volcánicas, aluviones, o terremotos; sin embargo, el Ejecutivo decidió incomprensiblemente recortar en un 4,2% el presupuesto del próximo año de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), algo que a todas luces, evidencia que La Moneda tiene las prioridades cambiadas, ya que esta disminución presupuestaria impedirá que este organismo pueda cumplir e implementar una serie de cambios y necesidades fundamentales para enfrentar futuras emergencias que puedan afectar a nuestro país.

A lo anterior, se suman recortes presupuestarios en instituciones de gran importancia como Conycit, Fiscalía Nacional Económica, Contraloría General de la República y en el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), organismo responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias.   

De la misma forma, en el ámbito de la salud tampoco se explica la disminución del presupuesto en la Subsecretaria de Redes Asistenciales en un 8,7%; o la reducción en los recursos para el Programa de Prestaciones Valoradas de FONASA; o el recorte en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria de la Subsecretaría de Salud Pública en un 7,9%.

Además, por primera vez en sus 10 años, el plan Auge se quedaría sin recursos para implementar mejoras, ya sea para aumentar el número de enfermedades o sus coberturas garantizadas. Esto como resultado de que en el Presupuesto 2016, el Ministerio de Salud no incluyó los $ 6.047 millones que costaría esto al Estado.

Todos estos recortes presupuestarios, en áreas tan sensibles del país, podrían entenderse en base al discurso de “escases de recursos públicos” que ha impulsado el propio gobierno. Sin embargo, llama poderosamente la atención que el Presupuesto 2016  -se contradice con este criterio de austeridad- ya que, por ejemplo, en el monto destinado para “estudios” para una Nueva Constitución, se destinan al Ministerio Secretaría General de la Presidencia $1.246.996 millones, a los que se suman $1.100 millones en el Presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno; junto a $489.500 millones del Ministerio del Interior, recursos públicos que suman casi 3 mil millones de pesos.

Es en este aspecto, donde se expresa de mejor manera que la Presidenta Bachelet y su gobierno tienen las prioridades cambiadas, o sencillamente no entienden o no escuchan las verdaderas demandas o urgencias de la ciudadanía. Es por eso, que hago un llamado a la Primera Mandataria, a que los recursos de todos los chilenos se gasten de la mejor manera, y no con un mero fin político electoral, ya que se podría estar dañando profundamente nuestra democracia.