El mal diagnóstico de la reforma laboral

La reforma laboral es, como el propio Gobierno lo ha denominado, uno de sus proyectos más emblemáticos. Sin embargo, y pese a la urgencia para su tramitación impuesta por el Gobierno,  la iniciativa presentada a mediados del 2015, fue postergada para el mes de marzo próximo.

Así lo confirmó el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés argumentado que harían “todos los esfuerzos en los días que siguen para llegar a acuerdos que nos permitan despacharla más rápido después"

Precisamente, la demora en la tramitación de dicho proyecto, radica en la falta de entendimiento de los partidos de la coalición oficialista. En ellos,  no existe acuerdo en materias claves del proyecto lo que, sin duda,  impide avanzar. Seguir en este compás de espera lo único que hace es generar  incertidumbre no solo en Chile sino que también en el exterior.

La propuesta gubernamental tiene al menos cuatro aspectos básicos: la titularidad sindical, abriendo espacio para grupos negociadores y admitiendo la libertad de asociación; la extensión de los beneficios, permitiendo la libertad de contratación y evitando la sindicalización obligatoria encubierta; autorizando los reemplazos  internos en las huelgas; y modificando las normas que afectan a  las Pymes.

Sin duda toda propuesta que signifique mejorar, avanzar o perfeccionar las relaciones laborales de  trabajador y empleador, es positivo. Nadie puede discutir que se deben proteger los derechos sindicales, pero aquí se está olvidando al grueso de los trabajadores chilenos.  Lo que se propone desde la  Moneda no es pluralista y evidencia aspectos claros de discriminación con algunos trabajadores.

Se ha dicho que la reforma laboral favorece a los trabajadores del país, pero eso no es efectivo. Desde luego, excluye a  quienes no están sindicalizados, los que quedan privados de libertades contractuales  y de libertad de asociación, que son claves para ser considerados dentro del grupo de trabajadores que se  tienen que respetar sus derechos.

No piensa en los trabajadores cesantes, porque en definitiva, quienes se encuentren en esta situación, van a encontrar en estas normas, más dificultades para obtener empleo, a lo que se agrega que quienes no están ocupados no tienen voz y no son representados por dirigente alguno.

En esta propuesta, no están considerados los trabajadores públicos.  Hemos presentado una reforma de negociación colectiva y de derecho a huelga, con soluciones dirigidas a este sector,  la que no ha sido debidamente promovida en la Comisión de Trabajo y el Ejecutivo no ha querido ponerle urgencia. Creo que hay una deuda con los trabajadores públicos que no se cumple, ni tampoco se asume por parte del Gobierno.

No se incluye tampoco a las mujeres y a los trabajadores jóvenes. La reforma no contiene aspectos que permitan mejorar las condiciones de empleo de estos dos segmentos. Se olvida además de las posibilidades laborales de adultos mayores y de los discapacitados.

También se dice que esta reforma es para poner al día la legislación chilena con los tratados internacionales, porque, según se ha planteado por parte de algunos sectores, en Chile se está atentando contra los acuerdos internacionales pactados por nuestro país.

Podemos decir que  en la actualidad, no hay ninguna norma de la legislación laboral chilena que atente con las reglas establecidas en tratado internacional alguno. Sí existen algunas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  que no han sido seguidas, como por ejemplo el reemplazo en la huelga. Sin embargo, en esta se olvida que el reemplazo en la  huelga, que la OIT no recomienda, es el reemplazo externo, pero el reemplazo interno, sí lo aprueba la OIT. Por lo tanto aquí se está faltando a la verdad.

Con todo, creemos que esta propuesta parte de un mal diagnóstico. Se pretende avanzar en una legislación que agrava las tensiones laborales, que al propiciar la huelga sin reemplazo interno amenaza la viabilidad de la fuente de trabajo, limita los derechos de los trabajadores no afiliados, restringe gravemente la libertad de asociación y causa profundo daño a las Pymes.

Creemos que es compromiso de todos velar por los derechos y deberes de los trabajadores. Por ello, seguiremos colaborando con propuestas como siempre lo hemos hecho, porque ese es el deber que nos corresponde como legisladores, pensar en el todo y no tomar partido de un sector u otro como si fueran enemigos. Es nuestro deber proteger a los trabajadores, pero también es nuestro deber asegurar la viabilidad de las fuentes de trabajo.