Elección de Intendentes: una buena idea mal implementada

Está pronta a votarse en el Senado la reforma constitucional para la elección democrática del Intendente. Una medida que respaldamos, pero tenemos reparos en cuanto al diseño institucional propuesto por el gobierno para implementarla.

Actualmente el intendente tiene tres tareas: es el ejecutivo del Gobierno Regional, que administra el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (10% del Presupuesto que el Estado invierte en la Región) y como representante del Presidente de la República coordina a los Secretarios Regionales Presidenciales (SEREMIS) y supervigila los servicios público (SERVIU, SERCOTEC, INDAP etc.) La propuesta del Gobierno es que la autoridad electa quede con la primera tarea, mientras que el Secretario Regional Presidencial, representante del Presidente en la Región, se hará cargo las dos segundas. Nos parece evidente que con este diseño se va a producir ingobernabilidad porque  tendremos dos autoridades regionales: una electa democráticamente pero sin poder, y la otra nombrada desde Santiago con mucho.

Frente a esta crítica el gobierno ha propuesto la entrega de una serie funciones adicionales al Intendente electo. El problema es que esas nuevas competencias, no van acompañadas de financiamiento y tampoco de capacidad de ejecución. Por ejemplo, el gobierno regional tendrá la facultad de “orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos localizados en ella”. Pero los servicios públicos encargados del desarrollo territorial, como  por ejemplo SERCOTEC, dependen del Ministro de Economía. Entonces, para ejecutar esa competencia el Intendente necesitará la concurrencia de Servicios Públicos que dependen de Santiago. Esto no es problema cuando el Intendente es designado, porque como representante del Presidente de la República le corresponde la supervigilancia de los Servicios Públicos. La dificultad aparece cuando el Intendente es electo, porque según el diseño institucional del gobierno, los servicios públicos van a depender del Secretario Regional Presidencial. Entonces para poder ejecutar sus competencias, la autoridad regional electa va necesitar la buena voluntad de la autoridad nominada por el Presidente.

Le propusimos al gobierno que entregara quizá menos competencias a las regiones, pero con el financiamiento necesario y con los servicios públicos relacionados. Una posibilidad era regionalizar algunos servicios, como por ejemplo Vialidad, pero el gobierno respondió que era muy complejo. Planteamos entonces la creación servicios públicos regionales que tuvieran tareas específicas que  dejaran de realizar los servicios dependientes de los ministerios, para evitar así la duplicidad de funciones. El gobierno dijo que era muy difícil que los Ministros entregaran las tareas que hoy cumplen. ¿Pero, no se trata justamente de eso? ¿De que Santiago entregue poder a las regiones?

Estamos entonces frente a un dilema. Creemos que es necesario elegir a los intendentes. Sin embargo, consideramos que el diseño institucional propuesto por el gobierno va a producir ingobernabilidad. ¿Qué va a pasar cuando el Intendente electo sea de un partido político y el Presidente de la República de otro? Nos parece evidente que en esta pugna de poder los únicos que saldarán perdiendo serán los ciudadanos de las regiones. Otra buena idea que por la mala implementación de este gobierno va a fracasar.