Estado de derecho como bien permanente

Chile ha sido un país que se ha destacado por su estabilidad política, social, económica y jurídica. Esta realidad nos ha permitido ser una de las naciones con mayor desarrollo humano del continente, con inmejorables opciones de transformarse en uno de los primeros países de la región en entrar a la esfera de las economías desarrolladas. Pero no sólo importan los aspectos monetarios, los índices o las estadísticas. Los pueblos se construyen también sobre el respeto de su cultura, su identidad, su memoria y su institucionalidad.

He defendido el derecho de la Iglesia Católica a proponer una idea de indulto para el Bicentenario de la República, del mismo modo en que defenderemos la opción de que otras confesiones religiosas u organizaciones de la sociedad planteen su opinión en estas materias. Al Gobierno no le queda otra opción que ser ecuánime y actuar respetando a todos los actores. El punto crítico de esta propuesta es sin duda qué hacer con quienes violaron los derechos humanos de miles de chilenos, con pleno resguardo, respaldo y apoyo de parte del Estado. La muerte del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, confirmó la existencia de una asociación ilícita terrorista que cometió éste y otros horrendos crímenes.

Chile ha comprometido su honor internacional al suscribir los tratados internacionales en materia de persecución y prohibición de la amnistía para los delitos de lesa humanidad. ¿Es posible entonces hacer oídos sordos a lo ocurrido con el general Prats y su esposa? ¿Podemos aceptar la idea de una amnistía general o un indulto para quienes burlaron durante tantos años a la justicia? Cada cosa en su mérito. Varios, sino todo los condenados, se esforzaron por evitar el avance de las causas, se ampararon en la Ley de Amnistía dictada por el régimen que permitió estas muertes, o bien no colaboraron para que los Tribunales pudieran hacer su labor de manera informada y justa.

Aceptar que es imperioso un indulto general es en cierto modo admitir que la Justicia no ha sido justa con algunos y que es necesario corregir la tarea del Estado en esta materia. ¿No es esto un duro y central cuestionamiento al Estado de Derecho? Es tal sentido coincido con las palabras del Presidente de la Corte Suprema quien ha afirmado que en democracia se deben limitar las amnistías y los indultos, pues su uso pone en tela de juicio la cosa juzgada y las sentencias que han emanado de organismos respetados por todos.

Es cierto que hubo quienes planificaron los crímenes y otros que no tuvieron más remedio que acatar órdenes. Pues esas diferencias han quedado plasmadas en los distintos grados de condena a los cuales han sido sometidos. Por lo mismo, es necesario recordar al soldado conscripto Michel Nash que se negó a fusilar a otros chilenos; por eso fue asesinado también. Ese episodio hizo que Augusto Pinochet le mostrara al país su crueldad al calificar de "gran economía" la idea de sus subordinados de poner dos cuerpos en cada tumba en Pisagua.

Coincido con la Iglesia en que Dios nos hace libres y responsables al mismo tiempo de nuestros actos. Por ello, llamo a debatir este tema con todos los elementos sobre la mesa; con el recuerdo de la insensibilidad mostrada por unos, por la espera por Justicia de otros y por la necesidad de avanzar hacia un país reconciliado de verdad. Pero me temo que esa reconciliación no se logrará pasando por sobre el Estado de derecho y reabriendo heridas que ha costado que sanen por la poca colaboración que ha tenido la Justicia en muchos de estos casos.