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Cuatro observaciones:

Estatuto de profesionales de la educación: rechazan veto presidencial

Además, las respectivas normas aprobadas por el Congreso no alcanzaron el quórum necesario para su insistencia por lo que, respecto a las materias de las observaciones, regirá la normativa vigente y el proyecto queda así en condiciones de ser remitido para su promulgación.

7 de diciembre de 2021

La Sala del Senado rechazó las observaciones presentadas por el presidente de la República al proyecto que modifica la ley N° 19.070, que aprueba el estatuto de los profesionales de la educación en diversas materias de orden laboral, tal como recomendó el informe respectivo de la Comisión de Educación a la Sala.

 

Por otro lado, y según lo dispone la LOC del Congreso, las respectivas normas aprobadas por el Congreso tampoco reunieron el quórum necesario para su insistencia, por lo que, en dichas materias, regirá la normativa vigente.

 

Cabe señalar que la iniciativa tiene por propósito mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación, incorporando enmiendas al Estatuto Docente,  introduciendo adecuaciones en la normativa que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por cierto tiempo.

 

Las observaciones presidenciales, de carácter supresivo, apuntaban a eliminar los cambios propuestos por el Congreso en materia de:

  • Feriados legales: “se extendía a las vacaciones de invierno y se precisaban las fechas para las tareas de perfeccionamiento docente que debían estar inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)”.  
  • Calificación de desempeño: se intentaba terminar con la causal de exclusión de la dotación por el hecho de haber obtenido un profesor una calificación de desempeño básico en tres mediciones consecutivas, o de desempeño básico o insatisfactorio -de forma alternada- durante tres evaluaciones sucesivas. Además se pretendía establecer que los profesionales de la educación que se eximieran de la medición no perderían el derecho al bono postlaboral que contempla la ley N° 20.305.
  • Causales de término de relación laboral: el proyecto sugería para el listado de causales de término de la relación laboral docente, en el sentido expuesto previamente.
  • Normas de encasillamiento: el proyecto permitía a los profesionales que en la evaluación docente de 2015 obtuvieron calificación competente y destacada, y que no hubiesen rendido la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos, elegir para su reencasillamiento el resultado con mejor desempeño de portafolio -ya sea 2015 o 2019-, en conjunto con la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos de 2019. Si estos resultados no eran favorables para reencasillarlos, les daba la posibilidad de rendir voluntariamente la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, antes de su próxima evaluación.

 

Tras el rechazo de las observaciones y según lo establece la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso se sometieron dichas normas aprobadas por el Congreso de acuerdo al mecanismo de insistencia descrito en el artículo 36 de la LOC que establece que: “en caso de que las Cámaras rechazaran en todas o algunas de las observaciones formuladas a un proyecto de ley, y no reunieren quórum necesario para insistir en el proyecto aprobado por ellas, no habrá ley respecto de los puntos de discrepancia”.

 

La senadora Yasna Provoste, dio una detallada cuenta de la tramitación del veto a la iniciativa que tiene como fin mejorar condiciones laborales de los docentes. Junto con abordar los argumentos a favor y en contra de las observaciones del presidente de la República, la parlamentaria señaló que “la Comisión de Educación, se manifestó mayoritariamente en contra del veto presidencial”.

 

Por su parte, el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, puntualizó que las observaciones presidenciales no restringían o limitaban ningún beneficio que actualmente tengan los profesores el único propósito es mantener normas fundamentales que apuntan a la calidad de la educación pública y evitar discriminaciones arbitrarias.

EL DEBATE

El senador José García Ruminot, precisó que “este despacho va a  permitir promulgar aspectos muy importantes que están contenidos en el proyecto, no en el veto. Por ejemplo, la titularidad de horas de extensión ya sea que dependan de los DAEM o de las corporaciones municipales”.

El senador Rabindranath Quinteros, expresó que “este proyecto refleja la impronta de la relación del actual gobierno con los gremios. Poco diálogo y falta de respuestas a las demandas de los profesores, en ese ámbito, surgió esta moción que buscaba mejorar situación de los docentes”.

El senador Felipe Kast afirmó que “cuando hablamos de poner a los niños primero y que la educación pública sea de calidad y que se empareje la cancha. La pregunta es cómo hacerlo y ahí el rol central está en los maestros y maestras. Entonces, no podemos darnos el lujo de que los profesores que salgan 3 o más veces mal evaluados sigan en el sistema”.

Al fundar su voto, la senadora Yasna Provoste, resaltó que “este Congreso, en el marco de las discusiones que se dieron en el periodo de pandemia, decidió suspender el proceso de evaluación docente durante el año 2020, y, sin embargo, el CPEIP comunicó a esos profesores que, por una ley que nosotros discutimos acá y aprobamos, los iba a dejar sin un beneficio. Y, por lo tanto, esta moción parlamentaria lo que hace es restituir un beneficio.

A su turno, el senador Carlos Montes, aseguró que “este proyecto es parte del enfoque de educación, surge porque los municipios no están haciendo los concursos en la oportunidad que deben hacerlo. Por eso, los diputados presentan este proyecto sobre titularidad”.

El senador Jaime Quintana señaló que  “los problemas que hoy día está enfrentando el profesorado en particular, y el sistema educacional, son porque el Gobierno finalmente, a regañadientes, implementó algunas cosas, pero finalmente lo grueso de la reforma no lo implementó. Es cosa de mirar lo que pasa con los servicios locales”.

Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena aseveró que “estoy muy de acuerdo en que efectivamente el veto busca mejorar la calidad de la educación pública en cuanto a que los profesores que han sido sistemáticamente mal evaluados no deben volver a hacer clases.”... "No me parece correcto pensar que todos los profesores no van a estar disponibles para capacitarse en algunos meses del año, que son finalmente el feriado legal invernal”.

El senador Claudio Alvarado coincidió en que “en el texto hay normas que no se condicen con la búsqueda de una educación de calidad, como es la continuidad de profesores mal evaluados. También quiero señalar que está dentro de las normas de la democracia el veto presidencial”.

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