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Fantasmas por superar

Por Antonio Horvath, senador por la región de Aysén

29 de diciembre de 2016

Imagen foto_00000032Por una estrecha votación se logró aprobar la reforma constitucional que permite la elección popular de la autoridad regional.

 

Este proceso legislativo que lleva más de tres años es una promesa de los distintos programas presidenciales que hasta la fecha permanecía incumplida.

 

En el debate en el Congreso y en los medios de comunicación, se ha pretendido instalar la idea que el intendente electo –denominado gobernador regional– no tendría las suficientes atribuciones y los medios como para ejercer su cargo en plenitud.

 

Otra aprensión no manifiesta es que los gobernadores electos en regiones más pobladas, como la Metropolitana, Valparaíso o Biobío, de manera natural podrán optar en un siguiente período a ser candidatos presidenciales. En el caso de las otras regiones, también podrán aspirar a cargos parlamentarios.

 

El otro temor es que se les dé chance a los partidos “chicos” y los emergentes. Analizados en profundidad, estos fantasmas tienen que evaporarse. Es natural que existan nuevas fuentes con experiencias regionales para optar a cargos en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, tal como ocurre en la mayoría de los países.

 

De acuerdo a los indicadores OCDE, Chile es uno de los países más centralizados del mundo. Además se establecen los procesos con características de gradualidad y de supletoriedad; es decir, las regiones van a ir asumiendo sus funciones y recibiendo el apoyo para ejecutarlas en buenas condiciones, sin cooptarlas.

 

Resulta al menos curioso que a estas alturas se hayan levantado voces respecto a que tanto las atribuciones como las competencias son insuficientes, y que estaríamos eligiendo “autoridades de papel”. Muchas de éstas son las mismas que aprobaron en el Senado el proyecto enviado por el Mandatario anterior, que llegaba al extremo de que las facultades había que solicitarlas por parte de las regiones, pudiendo o no concederlas el Ejecutivo; planteamiento que rechacé.

 

Hoy tenemos más de 50 nuevas atribuciones comprometidas, entre ellas, el ordenamiento territorial –vinculante y participativo–, los sistemas de agua potable rural, los caminos secundarios y vecinales, temas sociales, de desarrollo productivo, deporte y cultura. Lo que sí es importante es que la gente sepa y exija para que este proceso salga adelante en 2017, el que tiene que estar aprobada la ley de trasferencia de competencias –hoy en tercer trámite constitucional–, antes de  mayo de 2017, y la ley electoral para estos efectos, en abril de 2017.

 

Tenemos que garantizar que las regiones tengan poderes decisorios, ya que el centralismo y la concentración económica las tienen asfixiadas, incluida la Región Metropolitana y sus habitantes. Del reciente informe sobre Estado del Medio Ambiente en Chile, 1999-2015, de la U. de Chile, se puede colegir que en nuestro país la sustentabilidad no está garantizada. Para recuperar y valorar los recursos y los grados de contaminación se tiene que resolver desde el nivel regional para que nuestro país crezca de verdad.

 

 

 

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