Formas y mecanismos para abordar los cambios al Poder Legislativo

El Congreso Nacional es uno de los pilares de nuestra vida democrática. Nació con la República y ha sido, con aciertos y errores, testigo y actor esencial del avance y desarrollo de nuestra sociedad y nuestra identidad como Nación. Su misión es dar el soporte de legitimidad soberana que el país requiere para llegar a acuerdos, velar por la pervivencia de la democracia y servir a los intereses de todos los chilenos, sin distingos.

El Congreso Nacional y los otros dos Poderes del Estado forman la institucionalidad que trabaja mancomunadamente con respeto mutuo y con cortesía republicana, en pos de la estabilidad social, política y económica de la que tanto nos orgullecemos.

Entonces, como Presidente de esta Corporación, no entiendo la notificación que el Presidente de la República le hace al Congreso, por la prensa, acerca de cambios a la normativa que rige y ordena al Poder Legislativo. No por la sencilla o veleidosa razón de que nos sintamos inmunes a los cambios o que queramos conservar parcelas infranqueables al debate, sino porque existen formas y mecanismos establecidos en la ley para conversar y abordar estas materias de alto impacto.

La promulgación de las leyes 20.447 y 20.464, impulsadas por el Gobierno anterior, abordaron las inquietudes que el Mandatario explicó a un medio de prensa y que están referidas a temas de transparencia, modernización y mejoras de la gestión del Congreso. En esas tramitaciones, jugaron papeles relevantes algunos parlamentarios de derecha, por lo que es aún más difícil entender cuál es la intención del Poder Ejecutivo. ¿O estamos nuevamente cayendo en esto de hacer anuncios que ya están hechos o lanzando ideas con el único afán de aparentar liderazgo?

La tradición republicana y la cortesía parecen estar ausentes en este tipo de anuncios, más aún cuando no se han dado espacios previos para escuchar y al menos consultar a la institución sobre temas que tienen que ver con el funcionamiento del Congreso. Este es un Poder autónomo que es generado por la soberanía popular, no es una gerencia ni menos un servicio de Gobierno.

Y esto no parece ser una situación aislada cuando vemos que tampoco se ha respetado la palabra empeñada por el Ejecutivo en el proceso de nombramientos en la Corte Suprema. Queremos claridad acerca de cuál es el trato que debemos esperar.

Estoy seguro de que tanto la Cámara de Diputados, como este Senado y cada uno de los Parlamentarios en ejercicio, tienen la más profunda voluntad de avanzar y mejorar el funcionamiento de las instituciones, de modo de ofrecer una mejor calidad de la política y de la gestión del Estado a los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Pero las notificaciones por la prensa no tienen nada que ver con ese espíritu.

De hecho, muchos parlamentarios estaríamos ansiosos de poder discutir, en los canales donde corresponda, sobre algunas posibles modificaciones a las facultades Presidenciales o requisitos que podrían exigirse a algunos personeros de los distintos organismos de la República, pero creo que eso debe hacerse con respeto a la institucionalidad vigente.

El Congreso Nacional nace de la voluntad popular y es la reunión de las distintas visiones y sensibilidades del país, por lo que es un deber de las instituciones democráticas cuidarlo, enriquecerlo, respetarlo y generar condiciones para una mayor legitimidad de su carácter representativo. Nada de esto puede lograrse sin el concurso de la propia Corporación y el mandato de los poderes del Estado es respetar la Constitución y la Democracia. Nada más, pero nada menos.