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Fortalecimiento y transparencia de la democracia

Por Víctor Pérez Varela, senador por la Región del Bíobío

14 de agosto de 2015

Imagen foto_00000015Hace unos días aprobamos en general en el Senado, el proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, que sin dudas, es uno de los proyectos más relevantes de lo que nos está tocando discutir en materia de la denominada Agenda de Probidad.

 

La ciudadanía no podría comprender que en la próxima elección que se convoque no existiera una nueva institucionalidad de financiamiento tanto de los partidos como de las campañas; como también las nuevas atribuciones del Tribunal Electoral -el Tricel- para investigar y llevar adelante todos los procesos que digan relación con esta legislación; y del mismo modo, todo lo que se refiere a la nueva institucionalidad que debe tener el Servicio Electoral para poder cumplir adecuadamente con normas de fiscalización.

 

Por eso, hice un llamado al Senado a tener y a actuar con rigurosidad frente a un proyecto de esta naturaleza; a actuar también con rapidez porque, por lo menos, en el mes de marzo del próximo año tenemos que tener resuelto seis o siete proyectos vinculados a este, para poder decirle a esa ciudadanía de que la próxima elección va a tener reglas claras, transparentes y fiscalizables.

 

Creo que es absolutamente necesario tener una legislación que establezca con claridad el financiamiento tanto de los partidos como de las campañas, así como es indispensable  que el Servicio Electoral tenga facultades fiscalizadoras. Debemos tener un marco normativo regulatorio sobre lo que se entiende por propaganda, sobre gasto electoral, sobre quienes puede aportar a las campañas. Eso no está en discusión.

 

Lo que espera la ciudadanía de esta nueva institucionalidad es que sea transparente y que sea fiscalizable. Esos dos elementos tienen que estar presente absolutamente en todas y cada una de las normas.

 

Debe ser transparente para que la gente sepa cuáles son las declaraciones de intereses de los candidatos, cosa que este proyecto asume porque quienes vayan a primarias tienen que establecer su declaración de intereses y patrimonio.

 

Asimismo, tiene que haber claridad de quiénes son los que aportan a las campañas, de cómo se gastan esos recursos y tienen que ser fiscalizables para que, no solamente la ciudadanía, sino que también los servicios como el Servel, puedan fiscalizar adecuadamente.

 

No obstante, creo que hay algunos asuntos que se van a un detalle extremo, lo que puede generar una dificultad real en la fiscalización. A modo de ejemplo, la norma dice que se van a tener que fijar los lugares donde se puede instalar publicidad de carácter electoral, y eso va a llevar a que tengamos un Servicio Electoral, que en el caso de la Región del Biobío, tenga una presencia y pueda visualizar bien tanto en Tirúa, Coronel, Coelemu, Lota, Los Ángeles, y todo porque ahí van a tener que estar determinados. Puede pasar, por ejemplo, que una persona quiera apoyar a un determinado candidato y pueda poner un letrero en su casa, y esa propaganda no va a estar dentro de los parámetros legales, y  va a llevar a una situación sin fin. O, por el contrario, que un adversario de un determinado candidato ponga un letrero de ese candidato en algún lugar prohibido para desatar toda una conflictividad.

 

Por lo tanto, llegar a normar las cosas en extremo va a derivar en que tendremos que tener un servicio electoral inmenso, con presencia territorial. Y todos sabemos que va a ser difícil que eso sea posible.

Hay que recordar que en algunas regiones se amplía al doble el territorio y la población, y se ponen los límites que, se bajan a la mitad. No hay una coherencia entre esa nueva exigencia y lo que son las realidades. Y, por lo tanto, cuando la realidad no está representada adecuadamente en la ley, se busca la manera de realizarla por fuera.

 

Con este proyecto, las empresas no pueden aportar y los aportes de las personas particulares son extraordinariamente reducidos y, por lo tanto, el candidato va a tener su fuente de financiamiento básicamente por el aporte del Estado directo; por el aporte estatal indirecto, que son los votos obtenidos, y lo que pueda conseguir de personas naturales. Pero no hay ninguna norma que regule los recursos propios del candidato, por lo que podemos tener un candidato con muchos recursos o un millonario que no va a tener límite para poder gastar y llevar adelante una candidatura.

 

En ese sentido, creo que el problema no está en los límites. El acento tiene que estar en la transparencia y en la fiscalización, porque si empezamos a regular hasta el extremo, lo único que vamos a lograr es que tengamos nuevamente dificultades; permanentemente denuncias; permanentemente una reyerta en las candidaturas que van a seguir destruyendo el sistema político que nosotros tenemos el deber de enaltecer, de engrandecer, con normas claras, objetivas y simples, que sean transparentes y fiscalizables.

 

Por otro lado, lo que hay que evaluar es el financiamiento de los partidos y cómo van a estructurarse esas colectividades, teniendo presente que va a haber un financiamiento público a los partidos, previo a las campañas y posterior a las campañas a través de los votos. Así las cosas, la participación del Estado en la actividad electoral es extraordinariamente potente. Se podrá tener un juicio de valor si eso es bueno, más o menos o malo, pero no hay duda de que colocar solo al Estado como un elemento de financiamiento, sabiendo que el Estado no es neutro, va a jugar un rol extraordinariamente importante, porque la fiscalización la hacen organismos del Estado. El Estado financia y quienes dirijan el Estado en determinado momento van a tener partidos políticos a los cuales los respaldan, y por eso se pueden generar riesgos importantes.

 

Por ello, debemos analizar ese punto con profundidad y detención, porque aquí no hay margen para equivocarnos. Tenemos poco tiempo y debemos actuar con mucho rigor para poder resolver adecuadamente los problemas que hoy día tiene la vida política nacional, en que la gente ve que el financiamiento de la política claramente, a lo menos, es irregular.

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