Gratuidad en la educación sin discriminaciones arbitrarias
Por Ena Von Baer, senadora por la Región de Los Ríos
13 de noviembre de 2015
La gratuidad en la educación superior que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet se ha convertido en una política pública tremendamente injusta y arbitraria que va en desmedro de estudiantes vulnerables y de clase media que no van a poder acceder a ella.
El pasado 21 de mayo, todo Chile escuchó la promesa de la Presidenta Bachelet que durante el año 2016 el 50% de los alumnos más vulnerables de nuestro país iban a tener acceso a la educación gratuita. Sin embargo, lo que se ha aprobado, es que sólo dos de cada cinco estudiantes que debieran haber sido beneficiarios de esa política, tendrán acceso a la gratuidad en la educación superior.
Ello, porque el gobierno se auto infringió un frenazo en la economía y no tiene los recursos necesarios para poder darle gratuidad al 50% más pobre de nuestro país.
Adicionalmente, dentro de esa restricción económica, el gobierno ha decidido dejar fuera arbitrariamente a algunos y duele ver cómo dos hermanos de la misma familia o dos compañeros de colegio del mismo barrio - uno en una Universidad y otro en un Centro de Formación Técnica porque quiere ser chef- sólo uno podrá tener acceso a la educación gratuita.
El actual gobierno habla mucho de gratuidad y de igualdad, pero en el momento de traducir esto en una política pública es profundamente injusto y arbitrario.
Aquí se eligió con pinzas a tres universidades que van a poder acceder a la gratuidad. Pero cuando uno mira los criterios por los cuales estas casas de estudios van a poder entrar en el club de las universidades gratuitas, queda en evidencia que hay universidades que están dentro del CRUCH, que no las cumplen. No cumplen con la participación estudiantil por decreto entregado en el Ministerio de Educación, no cumplen con la acreditación de cuatro años y tampoco cumplen con la petición que se les hace que dentro de la Universidad y entre los controladores de la Universidad no haya corporaciones con fines de lucro. Muchas Universidades estatales en nuestro país tienen Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales adosados a la Universidad y que tiene fines de lucro.
En síntesis, se está pidiendo a unas que cumplan con determinados criterios que las otras no tienen que cumplir y esta definición se hizo con pinzas y en forma absolutamente arbitraria.
Además, aquí se hace un cambio de fondo en la política de financiamiento de la educación superior a través de una glosa. Se han demorado dos años en entregar una nueva política de financiamiento y finalmente lo hacen a través de una glosa presupuestaria. Eso es improvisar y es irresponsable.
Como oposición desde el principio hemos pedido un aumento en las becas que van a los Centros de Formación Técnica y a los Institutos Profesionales. Es inconcebible que en el país se hable que necesitamos más técnicos, y que no apoyemos a los estudiante de familias más vulnerables que eligen estudiar carreras técnicas profesionales, y exista una brecha tan grande entre lo que hoy día entrega la beca y el arancel que tienen estas instituciones.