Gratuidad entre comillas

Tenemos absoluto consenso que la educación superior es fundamental para quebrar el círculo de la pobreza. Cuando un joven obtiene un título profesional o técnico no sólo mejoran sus oportunidades de empleabilidad, sino que también puede optar a un mejor ingreso, dando un salto importante en la calidad de vida de su familia.

En las últimas décadas el país ha dado pasos importantes en cuando al acceso a la educación superior, y lo que antes era un privilegio sólo para algunos estratos de la sociedad hoy es una opción real para jóvenes de clase media y de sector vulnerable.

Para que esto sea hoy una realidad, las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica han sido un aporte sustancial, dando cabida a miles de estudiantes que de otra forma no habrían podido obtener una formación profesional.

Para financiar los estudios, los jóvenes y sus familias han adquirido deudas con el Estado y con instituciones financieras privadas, sistema que sabemos tiene sus problemas que han llevado a plantear la gratuidad para aquellos estudiantes de los sectores sociales más vulnerables.

Lamentablemente, el gobierno propone un mecanismo que es discriminatorio e injusto y que finalmente no beneficiará a los jóvenes con mayores problemas económicos. Esto porque hay una masa importante de alumnos de estos estratos que forman parte de instituciones privadas que han sido excluidas de la gratuidad.

La medida así como la pretende implementar el gobierno no da cuenta de la realidad de miles de jóvenes de familias vulnerables que opta por carreras técnico profesionales, en institutos y centros de formación técnica.

Por otra parte, se coarta la opción de elegir de los jóvenes y por una razón inexplicable, el gobierno pretende con esto beneficiar a las instituciones y no a los alumnos, como debería ser.

Hay muchas situaciones que llevan a los jóvenes de sectores vulnerables a escoger carreras más cortas con proyección profesional y no es entendible que por esa decisión se les pretenda castigar.

Si el gobierno ingresa un proyecto de ley en esos términos claramente va a ir en contra de la Constitución, que garantiza a las personas la libertad de elegir y también afectará el derecho de igualdad y no discriminación.

El beneficio de gratuidad es para los alumnos, pero parece que el gobierno no lo entiende así y está buscando beneficiar sólo a un grupo de instituciones de educación superior.