Inversión pública para dinamizar la economía

Cada año, con el inicio de la discusión de la Ley de Presupuestos, comienza un debate mediático sobre balance estructural, superávit fiscal, PIB potencial y tendencial y otros conceptos económicos para expertos. En ese contexto la derecha política y empresarial siempre insiste en el recorte presupuestario. Esta vez, además, dirán que el 2017 es un año electoral y que un arca fiscal abultada favorecería la campaña de las fuerzas en el gobierno.

Los senadores socialistas hemos concordado en la necesidad de avanzar hacia un gasto fiscal que enfrente el ciclo de desaceleración económica, con un presupuesto que se haga cargo y ayude a dinamizar la economía. Esto es un imperativo, porque de no hacer nada, como lo advierte Ffrench Davis, estaremos perdiendo el combate contra la desigualdad.

Pero no se trata solo de pensar en sacar plata de la denominada “billetera fiscal” para inyectarla a un conjunto de obras o programas que impacten económica y socialmente en las personas. Se trata de poner en marcha un impulso reactivador, acelerando proyectos ya aprobados, iniciando aquellos ya evaluados pero que aún no tienen presupuesto, poniendo al día los atrasos en pagos a proveedores y acelerando la evaluación de nuevos proyectos, entre otras medidas.

Pero, sobre todo, se trata de materializar proyectos que además de generar empleo, abran la puerta a la inversión privada a lo largo del país. Por eso hemos insistido, por ejemplo, en la concreción de la apertura de diversos pasos fronterizos, algunos de ellos con obras pendientes de construcción o de rehabilitación, que permitirían importantes flujos turísticos y el despliegue del comercio y los servicios, creando nuevas fuentes de desarrollo local o regional.

Hemos hablado también de dar un nuevo impulso a la pavimentación, mantención o mejoramiento de los caminos interiores, que además de desconcentrar la Panamericana, abre insospechadas y novedosas rutas turísticas regionales e interregionales y posibilitan el acceso y la salida de una muy diversa producción local.

A través del documento “Una política pública pro crecimiento y desarrollo” nuestra bancada ha propuesto entre otras medidas una agenda de proyectos de infraestructura física para lo que resta del gobierno. Entre ellos destacan la ejecución del programa de inversiones en plantas fotovoltaicas, el desarrollo de puertos en la zona norte, central y sur del país y avanzar en la materialización de embalses y plantas desaladoras.

Por cierto, esta propuesta también considera la necesidad de destrabar las dificultades que existen para ampliar los servicios de carga ferroviaria, acelerar estudios e invertir en la ingeniería para contar con una cartera de proyectos ferroviarios de media y corta distancia para pasajeros, así como el apoyo logístico para el sistema interconectado central.

Lo importante es la decisión política de acometer estos desafíos. No se trata de despilfarrar, ni de gastar los recursos públicos sin claridad de objetivos. Se trata de evitar que una actitud dubitativa termine generando subejecuciones innecesarias y absolutamente evitables, que muchas veces termina retrasando obras de gran interés social, especialmente en regiones. Una economía desacelerada por más de un año, exige ir más allá.

Eso en lo inmediato. En el largo plazo, lo importante es entender que el problema no son las desconfianzas empresariales, sino el agotamiento de un modelo de explotación de recursos naturales que no puede seguir creciendo. Se requiere un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo basado más en el conocimiento y la innovación. Se requiere además, una nueva mirada sobre el rol del Estado en el desarrollo, el que no puede limitarse solo a “corregir fallas del mercado” y a cumplir con el rol subsidiario que le asignó la Constitución de Pinochet.