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  Juicios justos y paz social

  Por Alberto Espina, senador por la Región de La Araucanía

16 de septiembre de 2010

ImagenSoy senador de la Región de La Araucanía, y nuestra zona está viviendo momentos extraordinariamente duros y difíciles, no solo ahora sino desde hace muchos años, más de una década, tal como quedó consignado en julio de 2003 cuando comparecieron a la Comisión de Constitución representantes de comunidades mapuches, de agricultores y autoridades de la época.

Han pasado siete años, y de acuerdo a la última encuesta CASEN, hoy existen 78 mil pobres más que hace cuatro años atrás, es decir, tiene un 27% de pobreza. Es la región más pobre del país.

Y si  no nos hacemos cargo del problema de fondo, que ha sido postergado y que durante los Gobiernos anteriores nunca fue tomado con la profundidad, el coraje, la valentía y la decisión que se requería, todos los hechos que hemos visto probablemente se van a repetir en el futuro.

Por lo tanto, el Gobierno del Presidente Piñera ha recibido una situación extraordinariamente compleja. Allí están las víctimas: Margarita Nahuel, de 82 años, de la comuna de Galvarino, falleció recientemente porque el vehículo en que viajaba chocó violentamente contra una barricada. En el hecho también quedaron heridas otras 4 personas.

Lamentablemente no he escuchado muchas palabras para lamentar esta situación o los atentados que se produjeron en contra de una mujer que iba con su niña de diez años, a quienes le dispararon a mansalva encapuchados bajo el pretexto de pedirle que vendiera o entregara sus tierras y en donde salvó milagrosamente su hija. Tampoco ninguna palabra para protestar cuando sacan a modestos agricultores de sus tierras, a las dos de la mañana, desnudos. Les queman sus pertenencias, y hoy día viven en una angustia enorme.

Por estas razones, y en el entendido de que tenemos una huelga de hambre es que el Gobierno ha pedido insistentemente que se termine dicha acción y ha adoptado dos medidas, que no son el tema de fondo pero pretenden resolver una situación puntual de hoy día.

Se trata que quienes están sometidos a juicio por delitos gravísimos tengan la certeza de que puedan tener un juicio justo, que es propio de la democracia y de los Estados de Derecho y por eso ha señalado que va a cambiar la competencia de los tribunales militares a la justicia civil y perfeccionar la ley que regula las conductas terroristas, no para debilitarla,  sino permitir que sea garantía de un proceso justo que también proteja a las víctimas.

Las conductas terroristas en democracia deben ser sancionadas clara y categóricamente, como lo hacen todos los países, dentro del marco del respeto y del derecho vigente. Y cuando una persona realiza un delito de homicidio, realiza un incendio o comete el delito de secuestro o el delito de lesiones graves, con el propósito de intimidar a un sector de la población; realiza persecución política, religiosa, étnica, para reprimir o impedir la libertad de género y cuando esas conductas tienen por finalidad inhibir o atemorizar a un sector de la población, en todas las sociedades del mundo son conductas de carácter terrorista.

Si mañana alguien quema la casa de comuneros mapuches o los campos de agricultores para obligarlos a vender sus tierras, o quema una sinagoga o una iglesia católica, o persigue a alguien por sus ideas políticas con el intento de asesinarlo o quemarle sus bienes. Eso constituye un acto que afecta gravemente la paz social.

Lo que estamos haciendo hoy día es aquello que corresponde a las convicciones: perfeccionar una legislación, pero que no puede ser jamás patente de impunidad para quienes cometen graves delitos. Porque el día que la sociedad se pone de rodillas frente a estos delitos de gravedad, el día que la sociedad decida abdicar frente al derecho a defender el bien común, estará incubando un conflicto más grande, que es una sociedad desprotegida.

Espero que esta huelga de hambre se termine. Porque atentar contra la propia vida nunca resuelve los conflictos.  El Gobierno ha abierto un gran espacio de diálogo cuando se lo pidió la Iglesia Católica. De hecho, cuando monseñor Ezzati, hizo su propuesta al Gobierno de dialogar, no solo se acogió, sino que se reunió con él. Y está realizando numerosas gestiones en distintos ámbitos, vinculados a los familiares, a sus abogados.

También espero que en 6 meses más todos los senadores y diputados que nos hemos visto preocupados por esta situación hoy día, también nos acordemos de las comunidades mapuches cuando no exista esta huelga, para que podamos construir una región que realmente logre responder a lo que ha dicho el Presidente de la República: una sociedad más justa, de emprendimiento y de más oportunidades.

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