La acción del Gobierno no puede quedar circunscrita a un solo ministerio

Las pérdidas por las heladas que están afectando al sector agrícola podrían llegar hasta los 1.500 millones de dólares, con consecuencias desastrosas en el empleo que se extenderían casi a la mitad del territorio nacional. Se justifica, por lo tanto, la acción urgente y decidida de las autoridades para enfrentar un problema tanto o más grave que la catástrofe del terremoto de 2010.

Como Senado, hemos llevado adelante una serie de medidas para atender la evidente preocupación que existe desde la Región de Atacama hasta la Araucanía y así, pedir al Gobierno una actitud más decidida y concreta frente a las pérdidas que acarreará este fenómeno climático, no sólo en materia de empleo, sino que también de producción de frutas y vegetales para exportación y consumo interno.

El gobierno debe utilizar las herramientas que dispone para enfrentar este tipo de situaciones de emergencia; por ejemplo, activar el Fondo de Contingencia del Desempleo para poner cota a la cesantía que desde ya se está proyectando en el sector agrícola. Al mismo tiempo, les pedimos a las autoridades que se reponga el subsidio a la contratación de mano de obra, ya que esto nos permitirá que las familias que viven tradicionalmente de la actividad agrícola, puedan optar a mantenerse en sus lugares de origen y evitar así el traslado desde las zonas rurales a las urbanas.

Junto con esto, es necesario que el endeudamiento de la pequeña y mediana agricultura sea parte principal de la preocupación del Gobierno. Justo en momentos de crisis, estas familias, estos emprendedores, requieren de una mano solidaria que les dé una luz de esperanza frente a esta inesperada situación. No sólo se trata de enfrentar pérdidas en la producción, sino que además enfrentar el endeudamiento sin tener los medios para responder.

Todo esto puede verse coronado por la eventual acción de especuladores que tratarán de sacar provecho de esta situación e intenten un alza en el precio de los alimentos, especialmente de hortalizas y de los frutales. Ya bastante grave es esta situación, como para que además tengamos que ocuparnos de eventuales acciones reñidas con las reglas del juego limpio de la economía.

Es por todas estas razones que se hace más evidente que la acción del Gobierno no puede quedar circunscrita a un solo ministerio, más aún cuando Agricultura no ha mostrado toda la agilidad y empatía que demandan las miles de familias afectadas. Si el problema abarca una multitud de problemas y efectos, que van desde los estrictamente sectoriales, hasta financieros e incluso de interés público, lo lógico es que la respuesta sea también integral y con visión política.

Ante situaciones así de graves, es esperable que otros ministerios, como Interior o Hacienda, se hagan presentes en la discusión e implementación de las soluciones. De lo contrario, nos quedaremos con visiones parciales y con soluciones de parche.