La acusación constitucional es un mecanismo democrático

La decisión mayoritaria en el Senado que significó aprobar el capítulo 3° de la acusación al ex ministro Beyer ha desatado una inusitada e inoportuna guerra de declaraciones alejada completamente de lo que debe ser el comportamiento republicano.

La acusación constitucional es un mecanismo que está establecido  en nuestro ordenamiento democrático y su uso no significa crisis, ni politiquería, ni deshonestidad, ni malas prácticas ni debilitamiento de la democracia como algunos sectores gobiernistas han pregonado.

Es el mecanismo que tiene el Congreso para ejercer el control político sobre el Gobierno lo que es normal en las democracias.

No es bueno para la cultura republicana que esta práctica se la promueva cuando se era oposición –como ocurrió en el 2008 y que incluso se escribieran libros vanagloriándose de este episodio político que marcó a la teoría del desalojo- y hoy en que se está en la función de gobernar se la quiera descalificar y destruir.

Los dobles estándares no construyen democracias sanas. Eso es lo lamentable.

Además ha sido muy preocupante escuchar desde sectores gubernamentales proponer que el Senado abdique de su responsabilidad constitucional y que se pretenda –mediante esta guerrilla- tener un orden político donde el Congreso carezca de herramientas políticas para expresar su juicio político sobre la acción del Ejecutivo.

Lo que debe hacer el Ejecutivo y sus parlamentarios no es declarar la guerra a la oposición ni descalificarla calificándola de “pequeña mayoría” sino asumir la señal política de que las próximas autoridades educacionales deben fiscalizar celosamente de que las Universidades no deben lucrar y ejercer sus facultades –y no omitirse como ocurrió con ex ministro Beyer- ante las denuncias sobre lucro en las Universidades.

Como oposición nuestra responsabilidad es modificar la actual legislación para que el lucro y los negocios no sean el motor del sistema educativo y por eso, debemos avanzar en la moción que prohíbe a las instituciones educativas lucrar con fondos públicos y modificar sustancialmente el proyecto del Gobierno sobre una Superintendencia de educación Superior para que sea un órgano que tenga una normativa adecuada para garantizar el cumplimiento de la prohibición al lucro y además extender este criterio a todas las instituciones de educación superior que accedan a fondos públicos.

Esa es la tarea futura.