La ¿burbuja especulativa¿

La movilización de los estudiantes tiene múltiples causas. Unas derivan de las crónicas debilidades de la municipalización de la enseñanza, dado que los municipios no garantizan el adecuado uso de los recursos que se entregan para Educación y una parte de ellos se "filtra" hacia otras áreas del quehacer de los municipios, como choferes, personal administrativo, empresas de servicios u otros, desviándose del destinatario fundamental que son los niños y jóvenes estudiantes.

Además, parte de la rabia del estudiantado se vincula con el llamado "financiamiento compartido", que obliga, en los hechos, a padres y apoderados de hogares humildes a co-financiar una enseñanza básica y media que debe ser gratuita. Este sistema, el llamado "financiamiento compartido", se ha convertido en una especie de soga que aprieta los recursos familiares, negando el compromiso con la Educación que debe tener el Estado con los sectores más desposeídos de la sociedad.

La municipalización es una responsabilidad del régimen dictatorial y el "financiamiento compartido" se aprobó en el primer gobierno de la Concertación. Independientemente de su origen, ambos deben ser superados.

Pero no es todo. En el ámbito de las universidades privadas, el llamado "lucro" es, en realidad, un extendido sistema de cobros abusivos, enteramente inaceptable. Entre ellos sobresale las llamadas "sociedades espejo". Este sistema lo explicó con insólita claridad el ex ministro de Educación  Joaquín Lavín, cuando aún ejercía el cargo, en un programa televisivo. Consiste en que se constituyen dos sociedades en tiempos similares. Una, la primera, la corporación sin fines de lucro, que operará como instrumento legal para obtener el reconocimiento oficial del Estado que se necesita para iniciar las actividades de una universidad privada. La otra, el segundo paso, es la inscripción de una razón social para las acciones de una empresa inmobiliaria, una sociedad de servicio para el aseo, como caso recurrente, u otras que sirvan para el efecto deseado. Luego, los constituyentes de ambas sociedades se contratan a sí mismos, pues son exacta o casi exactamente las mismas personas.

Es una acción fraudulenta, que se arrastra por casi un cuarto de siglo y es, en el hecho, un delito económico, pues tiene como propósito blanquear utilidades o "lavar dinero", como dicen los estudiantes.

Este sistema encarece la Educación Superior, pues por ejemplo, un contrato de aseo se abulta en un 20 ó en un 25 por ciento, por sobre los precios de mercado para lograr el impacto que se requiere. Tiene, en concreto, una rentabilidad artificialmente generada.

Se trata de una "burbuja especulativa", que permite ganancias usureras y prohibidas legalmente.

Por eso, hemos presentado un proyecto de ley que, agregando un artículo 53 bis a la Ley General de Educación, establece el término del reconocimiento oficial del Estado cuando se efectúe esta práctica especulativa e ilegal.

Esperamos tener ahora lo que no tuvimos en años anteriores, es decir, la mayoría suficiente para legislar en la materia.

El Gobierno, que se muestra abierto al diálogo, debe comprender que si no hace nada en este ámbito, la credibilidad de todo lo que se diga sobre Educación Superior, perderá todo sustento.

Esta "burbuja especulativa" es total y enteramente inaceptable.

Esperamos los votos para legislar.