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La importancia de agilizar el despacho de la ley de Casinos

Por Francisco Chahuán, senador por la región de Valparaíso

2 de abril de 2015

Imagen foto_00000019Luego de varios años y solicitudes, la conformación de una bancada parlamentaria transversal y diversas acciones de protesta -entre las que se contó el izamiento de banderas negras en Viña del Mar- finalmente el gobierno presentó el proyecto de ley que modifica la ley N°19.995 y prorroga el funcionamiento de los casinos municipales. 

 

Sin duda con esto se ha acogido una demanda de las comunas de Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón, Puerto Varas, Puerto Natales y Viña del Mar, las que hace tiempo advierten los perjuicios que el fin de las concesiones municipales de sus casinos históricos significaría y, además, de los cerca de 8 mil trabajadores de dichas casas de juego, que han vivido todo este proceso con un alto grado de comprensible incertidumbre.

 

Por lo mismo es que el martes recién pasado le solicitamos a la Comisión de Hacienda que la iniciativa legal sea divida en dos, de manera de agilizar su trámite.  Existen los temas que requieren de mucho mayor análisis de debate y discusión y aquellos que generan amplio consenso y en torno a los cuales no existe duda.

 

Esta propuesta se enmarca en la estrategia que hemos definido junto a los alcaldes para sacar adelante el proyecto y que esté despachado antes del 21 de mayo próximo, pues el escenario actual de los 7 casinos históricos es poco claro y el eventual retraso de la nueva norma implicaría una verdadera expropiación de su patrimonio municipal.  Lo cierto es que desde el momento en que han surgido complicaciones en la discusión -que alertan del ingreso a una fase más lenta-  lo deseable es despejar y definir una ley larga y una ley corta.

 

Tiene sentido: agilizar la normas especiales para los casinos históricos, la prórroga de sus licencias y la necesidad de armonizar y establecer un sólo de régimen jurídico, por una parte. Las facultades de la superintendencia para asignar las licitaciones, el establecimiento de condiciones de precalificación de la oferta que den transparencia a las mismas y definiciones en procesos de otorgamiento de permisos, por otra.  No podemos olvidar que esta situación no sólo afecta a las 7 comunas, sino a otras 25, pues hay efectos colaterales de la eventual demora en la tramitación a los que no es aconsejable exponerse.

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