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La institucionalidad debe primar ante todo

Por Jorge Pizarro, Presidente del Senado

27 de septiembre de 2013

Los últimos meses que le quedan al actual Gobierno debieran ser una tremenda oportunidad para enmendar varios fallos en la conducción que, de paso, permitirían levantar en algo la mala evaluación que la ciudadanía ha hecho de la gestión actual. Es deseable ante todo que las instituciones y las tradiciones republicanas conserven su credibilidad y respeto de parte de todos los actores sociales, ya que es el capital sobre el cual se construye el futuro de la Nación a corto y largo plazo.

 

El debate por el Presupuesto 2014 es un ejemplo de ello. Se ha notificado al Congreso de una eventual reducción de los recursos disponibles para el año que viene, en parte por las menores perspectivas del desempeño de la economía, asunto que bien puede entenderse como necesario si se consideran los riesgos y la volatibilidad de los mercados.

 

Eso es una cosa, pero lo que nos inquieta es que no tengamos señales claras de un juego democrático de fair play ante lo que se ve cada vez con más claridad: un cambio en la conducción política de la Nación.

 

Hemos pedido al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, la incorporación de un fondo de libre disposición que represente el 1,1% del Presupuesto del año que viene para que el nuevo Gobierno sea capaz de responder a los compromisos que haya asumido con el país durante la campaña.

 

Esto es una regla de cortesía, amistad y tradición cívica que es necesario resguardar, de modo de dar señales claras a la ciudadanía de que la política es una actividad no sólo necesaria, sino que además es ejercida por personas y colectividades honorables que piensan en el país antes que en beneficios políticos puntuales. El 1,1% del erario corresponde a alrededor de 700 millones de dólares; este mismo mecanismo se puso a disposición del Presidente Piñera cuando la Concertación debió entregarle el Gobierno.

 

Se trata de asegurar un porcentaje del Presupuesto, más allá del monto que éste represente. Es una forma de asegurar que la nueva administración tenga la holgura y las herramientas necesarias para poder cumplir el programa por el cual la ciudadanía se incline finalmente en las elecciones de fin de año.

 

Confiamos en que el Gobierno entienda razones y no se enfrasque en malas interpretaciones de lo que debe ser la contienda política, ya que los cambios en el electorado no pueden transformarse en una inmovilidad para la normalidad democrática. De hecho, uno de los requisitos de la reconciliación de la que tanto se ha hablado en este mes, es que la institucionalidad debe ser puesta ante todo para facilitar el correcto funcionamiento del Estado y de las obligaciones que hay que asumir hacia la ciudadanía.

 

De eso se trata cuando hablamos de una política sana y democráticamente madura.

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