La necesidad de facilitar el cooperativismo

Respecto del proyecto de Ley de Cooperativas, quiero recordar que en noviembre de 2002 se promulgó la Ley N° 19.832, que modificó esta legislación. En su momento fue un gran avance, pero ha pasado de ello poco más de diez años y el tiempo ha demostrado que la norma presenta una serie de falencias que afectan el mantenimiento del movimiento cooperativo.

Éste dejó de ser sólo un movimiento económico. Es mucho más que eso. Casi me atrevería a identificarlo como un movimiento filosófico que se basa en la cooperación entre personas que buscan alcanzar una mejor calidad de vida. Por lo tanto, mantener vivos esos principios, mantener viva esa idea central del cooperativismo, es algo sustancial que debe abordar esta iniciativa.

Todo lo que hagamos para facilitar la constitución de las cooperativas y su funcionamiento, para resguardar su patrimonio, para eliminar las formalidades rígidas que tiene en las convocatorias a las juntas de socios, para aliviar las dificultades en la toma de decisiones, son absolutamente bienvenidas.

Ahora hay un par de materias que me interesan de sobremanera que a mi juicio no están suficientemente bien abordadas en el proyecto de ley, pero que esperamos en la discusión particular puedan ser consensuadas.

En primer lugar, creo que hay que fortalecer el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, y probablemente separar lo que es la función de estímulo al movimiento cooperativo, de lo que es la función de sancionar. Es bien difícil, por un lado, estar diciendo: “mire, constituyamos un movimiento cooperativo sano, robusto y dinámico”, y por otro lado, estar sancionando y aplicando multas. Creo que debiéramos buscar la fórmula de que lo hagan dos autoridades distintas.

Las cooperativas también nos manifiestan que muchas veces se ven un poco agobiadas porque las auditorías que tienen que hacer y que son dispuestas por el Departamento de Cooperativas, las tienen que financiar ellos mismos. Eso finalmente significa incurrir en una serie de gastos administrativos y contables que las más pequeñas no siempre están en condiciones de poder solventar. Estoy pensando particularmente en las cooperativas de agua potable rural que agrupan a personas de baja condición económica.

También en diversas ocasiones, se presentan en nuestras oficinas parlamentarias personas ya mayores, de escasos recursos, que quieren rescatar lo que ha sido su aporte por años en las distintas cooperativas. La normativa actual es engorrosa y hace que este proceso de retiro se dilate por mucho tiempo. A  veces están pidiendo el rescate de esos ahorros durante uno, dos, tres o cinco años. Me parece que en determinadas circunstancias y condiciones, sin poner en riesgo la estabilidad de las cooperativas, debiéramos acelerar lo más que se pueda este proceso.