La Nueva ley de tarifas del gas: su historia parte en Magallanes

El 19 de junio del año 2009 el entonces Ministro de Economía, Hugo Lavados Montes daba respuesta  a nuestro equipo parlamentario a través del Oficio N° 2.739, en que reconoce que respecto a la fijación de las tarifas de gas domiciliario para Magallanes había un vacío legal que hasta aquel entonces no había sido detectado y ello fue fruto del trabajo realizado junto a profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional.

En dicho oficio el secretario de Estado detalla que “para establecer un procedimiento normado de fijación del Valor Agregado de Distribución del gas en la Región de Magallanes, es necesario introducir una modificación legal, la que debiera ser abordada en conjunto con la Comisión Nacional de Energía, de acuerdo con la disponibilidad legislativa.”

Lo anterior motivó un seguimiento legal a esta grave situación que llevó incluso a solicitar la intervención de la Contraloría, por cuanto “la afirmación efectuada por parte del Señor Ministro significaba un reconocimiento expreso de que no se ha dado debido cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 34 del DFL N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, consistente en una excepción a favor de la Región de Magallanes respecto a que sus tarifas del gas domiciliario no gozan de libertad tarifaria y por ello deben ser fijadas por el Ministerio de Economía en los términos señalados en el artículo 31 del mismo cuerpo legal”.

De esa forma salía a la luz pública un reconocimiento de una grave omisión por parte de dicho Ministerio en sus deberes legales y constitucionales toda vez que dejó sin ejecución lo establecido en una ley perentoria.

Finalmente en este contexto se pudo establecer que la última modificación a la ley de servicio de gas fue efectuada el año 1989 y estableció en el artículo 34 de dicha que ley que en la región de Magallanes las empresas distribuidoras deberán tener sus tarifas fijadas por un decreto del Ministerio de Economía a diferencia del resto del país donde la regla general es la libertad tarifaria.

Fue así que se llegó al año 2011 cuando el Gobierno anterior decidió “anunciar” por el entonces Ministro de Energía el fin de “la fiesta del gas de los magallánicos” no muchos creyeron que esto tendría las consecuencias sociales que se dieron ante esos anuncios tan centralista y prepotente.

Pero en Magallanes si lo sabíamos, y por eso no dudamos en advertir el gran error que significaba dicho anuncio, el que como anticipamos esa vez, terminó con toda una Región paralizada… así las protestas del verano del año 2011 sin duda que marcaron un hito histórico. Por primera vez toda una Región se unió para decirle al país ¡No al Alza del Gas! Y ese clamor de los magallánicos sensibilizó a todo un país, que solidarizó con Magallanes y su causa.

El Gobierno envió un proyecto de tarificación de ley del gas para Magallanes el cual no alcanzó a cumplir su primer trámite en la Cámara de Diputados por allá por el año 2012 ya que fue rechazado por cuanto sus contenidos en nada reflejaban lo que nuestra región demandaba.

Es así como esta semana en el Senado con la aprobación en general del proyecto de ley sobre tarifas del gas se cumple con una antigua y muy esperada promesa, estableciéndose un procedimiento para la fijación tarifaria en la Región de Magallanes, por eso no puedo dejar de destacar la gran inspiración que los magallánicos han dado a esta ley y de alegrarme de que el clamor de toda una región se vea reflejado  en una ley de la república.

Creo que como toda ley, esta es todavía perfectible y presentaré las indicaciones necesarias, la primera de ellas relacionada con el tema de los medidores donde las empresas cobran en las cuentas por denominado “arrendamiento de medidor”  así como también por el mantenimiento y reparación de los mismos.

En Magallanes el gas es de primera necesidad, es un derecho humano, sin el cual no se puede vivir, por lo anterior es que creo que debe buscarse una fórmula que asegure aunque sea un suministro mínimo en caso de no pago de las cuentas, pero dicha situación en la región no puede significar una suspensión total del suministro.

El gas debe ser para los ciudadanos,  y sus beneficios para todos y no a unos pocos, sino todas las buenas intenciones de una importante ley quedarán en nada.