La urgente modificación de la ley de pesca

La situación de la sardina y anchoveta en la región del Biobío está en una profunda crisis. La biomasa está en un tamaño que hace que haya entrado una veda. Esto ha provocado una reacción inmediata de los cientos de pescadores artesanales. Ya la cuota había sido disminuida de más de 600 mil toneladas a 200 mil, lo que estaba provocando una caída en los ingresos y por tanto, una creciente movilización social.

La sardina y la anchoveta han sido investigadas y los comités científicos han determinado: 1) no tiene el tamaño adecuado, y 2) la biomasa está en una condición crítica. Por lo tanto, la cuota se ha reducido en un 200 por ciento.

Los comités científicos investigan de manera absolutamente objetiva. Lo que estamos presenciando es de que un conjunto de pesquerías, entre ellas, la sardina y anchoveta, está a punto de entrar en una condición se sobreexplotación que puede traer nefastas consecuencias para los pescadores en todas las regiones del país.

Quisiera pedir a la Subsecretaría de Pesca y al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) que nos hicieran llegar los antecedentes que tuvo a la vista el comité científico para tomar estas medidas, es decir, un informe completo y acabado de la situación de la biomasa. Quisiera saber si estos informes han sido actualizados, a qué tiempo corresponden, en qué lugares se han hecho y efectivamente cuál es la proyección que tienen para el año 2015.

Esta es una situación que va a requerir intervención del Estado, particularmente en protección social, generando una revisión permanente y constante del recurso.

La Ley de Pesca no funciona porque no hay peces y por tanto, tampoco hay protección social. Al final el debate se hace en la Intendencia de la región del Biobío. Si una ley, cada vez que hay un problema, va a terminar en el escritorio o en las calles frente de las intendencias regionales, esa ley tiene que ser revisada.

Quiero pedir que se oficie a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para que dé inicio, a través del Ministro de Economía, a la evaluación de la ley de Pesca, a fin de poder tener las modificaciones necesarias para que ésta dé cuenta de todas las circunstancias que son relacionadas con la pesca industrial, artesanal, de acuicultura y de algas, porque, tal como está, no está cumpliendo su objetivo.

Del mismo modo, quisiera pedir al Ministerio de Desarrollo Social, a la Intendencia regional del Biobío, a la Ministra de Desarrollo Social, al Ministro de Economía y al Ministro de Hacienda tengan a bien poner a disposición los recursos necesarios para el plan de contingencia social que va a provocar esta veda obligatoria biológica, científica, de la sardina y anchoveta, particularmente en la zona que represento. Si no, lo que vamos a tener es una explosión social porque el sector artesanal no tiene alternativa.

Cuando las papas en las ferias libres escasean, el precio de las papas sube. Cuando hay abundancia de papas, las papas están botadas.

Lo particular de la sardina es que, habiendo una enorme demanda, mantiene el mismo precio: entre 85 mil y 90 mil pesos la tonelada, cuando el mercado señala que el costo real debe ser entre 130 y 150 mil. Lo que sucede es que hay contratos leoninos entre los industriales y los armadores.

Hay que ir al tema de fondo: más que pedir más cuota, lo que hay que tener es el precio real de la tonelada de sardina. Eso verifica mayores ingresos. Y en eso el Estado tiene que intervenir y regular bandas de precio para la sardina y la anchoveta o, efectivamente, generar un fondo de estabilización que pague las deudas.