Ley Antiterrorista

El Gobierno ha ingresado a tramitación legislativa un texto que reemplazará la actual Ley Antiterrorista. El proyecto posee algunas virtudes: termina con la obligación casi imposible del fiscal de probar elementos subjetivos como la intención del autor. Incorpora cuatro hipótesis de responsabilidad. A la sanción de la organización criminal terrorista, se adiciona la hipótesis de la autoría individual de quienes participan de ella y de quienes actúan individualmente sin pertenecer a ellas no obstante adhieren a sus postulados (unabomber); y se sanciona a quienes sin participar de los actos preparatorios u operativos del acto terrorista, contribuyen a su financiamiento.
 
Dicho régimen recoge la tendencia moderna en materia de responsabilidad terrorista. En cuanto a la computación de las penas, la gravedad de los crímenes perseguidos ha llevado al Gobierno a establecer un régimen de acumulación de penas entre las hipótesis de participación y el crimen cometido lo que agravará sustantivamente las sanciones penales.
 
La incorporación del agente encubierto previa autorización judicial constituirá un aporte al proceso investigativo y a la eficacia de la ley. Un punto relevante -no exento de discusión- serán los testigos protegidos. El texto asume los cuestionamientos internacionales y prohíbe que sean el único elemento de prueba que sustente una condena Abre la posibilidad de que la defensa conozca su identidad y con ello se pueda poner en riesgo la seguridad del testigo o su familia.
 
Más allá de los detalles técnicos, se trata de un proyecto que recoge la tendencia y la experiencia internacional en materia de lucha contra el terrorismo y abre una discusión necesaria que junto a otras normas como la creación de la fiscalía de alta complejidad, el nuevo sistema de inteligencia y la ley de control de armas permitirán a Chile que más allá del gobierno de turno, cuente con un sistema de seguridad que permita preservar la paz social como valor supremo.