Ley Lafkenche: abuso de poder

A raíz de solicitud de concesión marítima desde caleta La Arena a Pargua, realizada por una comunidad indígena de Chamiza, se levantaron las alertas tanto de pescadores, como del comercio, debido a la Ley de Espacio Costero marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO) que ponen en riesgo la interposición de los distintos actores productivos, los cuales podrían ver gravemente perjudicada sus fuentes laborales.

Sin duda, esta ley publicada en el año 2008, busca entregar una herramienta legal a los pueblos indígenas que les permita solicitar al Estado el reconocimiento de dichos espacios costeros marinos en base al uso consuetudinario, que viene a revindicar un derecho de uso de las comunidades en base al artículo 169 de la OIT.

Durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera se formó una comisión con el objetivo de que se cumplieran los plazos establecidos en la ley y su reglamento, para una efectiva y eficiente tramitación de las solicitudes de la ECMPO. Con ello, se lograría también disminuir los tiempos de suspensión que afectan la tramitación de solicitudes de concesiones acuícolas, marítimas y Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), presentadas por otros usuarios, públicos y privados.

En la región, desde la promulgación de dicha ley, se han otorgado cinco solicitudes en las provincias de Llanquihue y Chiloé, y si bien son pocas, llama la atención la enorme extensión de hectáreas marinas que se han requerido en las ultimas ECMPO, lo que sin duda es preocupante considerando que la región y el país tienen gran cantidad de territorio marítimo donde convergen diversas actividades productivas, por lo que es prioritario que ningún interés se sobreponga sobre otro.

Las comunidades están en su derecho de pedir la "devolución" del uso del borde costero según las tradiciones de sus antepasados, pero cuando se están pidiendo largas extensiones de mar, estas no se ajustan a la realidad y terminan siendo un abuso y poniendo en riesgo el eslabón más débil de la acuicultura y la pesca artesanal.         

El caso de la última solicitud ingresada es inédito, porque no se ha conocido de una petición de esta magnitud, desde que entró en vigencia la ley, más conocida como “Ley Lafkenche”. Entonces cabe la legítima duda de cuál es el uso que las comunidades quieren darle a estas concesiones más allá de la tradición, las actividades medicinales y recreacionales que estipula la ley y queda claro que no hay otro objetivo que la administración productiva de estas.

Aquí no se trata de defender grandes intereses, porque hay pequeños acuicultores y pescadores artesanales que se verán muy afectados en caso que el gobierno autorice estos requerimientos desmedidos de la Ley Lafkenche, que sin duda requiere modificaciones, pero la verdad es que nadie se atreverá a llevarlas adelante por razones electorales, pero la ley tiene que garantizar el derecho de todos y ser compatible con todos, porque hay algunos dirigentes que se aprovechan de la ley, abusando y perjudicando generalmente a los más débiles.