Más allá de un hecho entre privados

Senador Escalona

Un hecho como el caso La Polar que afecta a medio millón de personas, de todas maneras siempre va a afectar al sistema político.

Es imposible pensar que no se extienda necesariamente al debate parlamentario o de las fuerzas políticas, porque es tan enorme la magnitud del impacto que se crea, que la sociedad en su conjunto se pregunta qué pasó con el sistema político; qué rol juega y qué responsabilidad tiene. Es decir, al final de cuentas este no puede ser un hecho que ocurre entre privados.

Lamentablemente, no es una situación que se puede limitar a las malas prácticas del mundo privado. No es un hecho que se pueda limitar exclusivamente al desfalco, al robo o a la corrupción de ejecutivos del sector privado, sino que acá, al final, de todas maneras, cabe la responsabilidad del sistema político.

Y, en tal sentido, considero que hay responsabilidades políticas que tienen que ser asumidas en lo que corresponde al sistema político en su conjunto, pero también en lo que corresponde al Gobierno como Jefe del Estado o como autoridad administrativa de la nación en este período que le corresponde gobernar.

Desde ese punto de vista, siento que hay una responsabilidad que debiese asumir el Ministro de Economía haciendo dejación del cargo.

Creo que el SERNAC no cumplió con toda su responsabilidad al haber presentado una propuesta de intermediación privada que imposibilitó que, por la presentación de la intermediación y de la presentación pública de los hechos en el curso del año 2010, entre otras razones, permitió que este ilícito -que estaba defraudando a 418 mil familias- se prolongara en el tiempo y que "el mercado no tomara nota", sino hasta el viernes 14 de junio.

Incluso más, creo que la definición que de este hecho hizo el propio señor Ministro de Economía al definirlo como "un accidente" indica claramente que hay en la autoridad una responsabilidad.

Este es un ilícito que estaba en marcha hacía mucho tiempo. Efectivamente, como se ha tratado de señalar, si algunas personas o funcionarios de la administración anterior -que dejó su cargo el 10 de marzo de 2010- tendrían responsabilidad habría que aclararla y para eso está la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que deberá trasladar los antecedentes que recabe a los tribunales de justicia.

Pero más allá de esto, la responsabilidad política se ejerce y tiene dos caminos: o el Presidente de la República termina la confianza política o la propia persona considera que tiene su autoridad lo suficientemente comprometida que le impide seguir ejerciendo las funciones que tiene.

Considero que en este caso hay una responsabilidad política que está pendiente y que no se ha ejercido, porque medio millón de personas han sido defraudadas.