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  Más protección social

  Por Ignacio Walker, senador por la Región de Valparaíso

23 de diciembre de 2010

ImagenChile tiene una muy rica historia en materia de políticas sociales, tanto en lo que se refiere a su diseño como a su ejecución. De hecho, muchos de esos capítulos a lo largo de nuestra historia, especialmente desde fines del siglo XIX en adelante han llevado una impronta social cristiana muy marcada en el tema de la educación, de la salud, de la vivienda, de la previsión y de las políticas sociales en general.

 

Por lo tanto, como Partido Demócrata Cristiano y en lo personal como senador, nos parece adecuada la idea de crear un Ministerio de Desarrollo social como una forma de propender a una mejor y mayor protección social. No obstante, tengo siete aprensiones que me gustaría pudiéramos tratar de mejorar, perfeccionar y aclarar.

 

En primer lugar, creo que hay que definir con mayor claridad, lo que entendemos por programa social, que es algo mucho más rico y complejo de lo que es simplemente gasto social, según la definición de la Dirección de Presupuestos, que es más bien una definición formal, de procedimiento, de reglamento.

 

En segundo lugar, creo que todavía es necesario definir de mejor manera y que exista una adecuada separación entre el diseño, la ejecución y la evaluación de la política social. Porque si bien se crea una nueva Subsecretaría, que coordinará a los servicios dependientes, mientras otra Subsecretaría realizará las evaluaciones y el seguimiento de este programa, creo que esto no es suficiente en términos de que el Ministerio de Desarrollo Social pueda tener un juicio objetivo respecto de la marcha de los programas sociales, porque el viejo tema de ser juez y parte a la vez le quita objetividad para la evaluación de esos programas sociales.

 

En tercer lugar, creo que es necesaria una coordinación efectiva con otras instancias evaluadoras del Gobierno. Es importante evitar caer en una suerte de burocracia descentralizada, en que distintas agencias realizan distintos tipos de evaluaciones. Particularmente, me preocupa la coordinación de este Ministerio con la Dirección de Presupuestos, con la Secretaría General de la Presidencia, que va a crear esta famosa "delivery  unit" que realmente puede significar una dispersión en que distintas agencias, descoordinadamente realizan estas evaluaciones.

 

En cuarto lugar, es importante un mejor uso de la información para la toma de decisiones, porque este Ministerio de Desarrollo Social va a recabar mucha información sobre los distintos programas sociales.

 

En quinto lugar, surge la necesidad de una coordinación interministerial más efectiva.  El proyecto propone la creación de un comité interministerial de desarrollo social, pero es necesario que este comité realmente dé cuenta de un real avance respecto de las coordinaciones existentes.

 

En sexto lugar, el fortalecimiento de la institucionalidad. Especialmente en materia de recursos humanos, yo creo que estas mayores atribuciones del Ministerio hacen razonable que se requiera un fortalecimiento en términos del personal y los sistemas de información, que se deba solicitar toda la información al respecto, especialmente en materia de facultades delegadas. Porque la aprobación de estas facultades delegadas para la reorganización institucional debe estar condicionada a que el Ejecutivo presente al Congreso una propuesta específica al respecto, como suele hacerse en estos proyectos de ley cuando hay facultades delegadas.

 

Y, finalmente, la modernización de organismos públicos y servicios dependientes y sus programas. Creo que esta modernización de la institucionalidad debe requerir una mejor relación con los servicios dependientes, SENADIS, CONADI, INJUV, SERNAM y sus programas, y especialmente delicada es, por supuesto, la situación del SERNAM en la medida en que esa directora, que hasta ahora ha tenido rango de Ministra, ahora queda subordinada a la Subsecretaría.

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