Matrimonio igualitario

La Presidenta Michelle Bachelet anunció esta semana, durante su participación en la Asamblea Anual de la ONU en Nueva York, que durante el primer trimestre de 2017 enviará al Congreso el proyecto de ley que crea la institución del matrimonio igualitario en nuestro país.

Esta noticia no resulta novedosa, ya que a los pocos meses de que el congreso aprobara el Acuerdo de Unión Civil (AUC), el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, anunció que esta iniciativa formaba parte de los compromisos de campaña de la presidenta y que, por lo tanto, el matrimonio igualitario sería enviado al Congreso durante este Gobierno.

En ese sentido, esta decisión de la presidenta Bachelet es un nuevo ejemplo de la falta de sintonía que este Gobierno tiene con las necesidades y urgencias de la ciudadanía y que se han reflejado sistemáticamente todas las encuestas de los últimos meses. En otras palabras, es una demostración de que las prioridades de la Moneda están en temas ideológicos y no en aquellas problemáticas que aquejan y preocupan a los chilenos.

Porque en un país donde la economía está relentizada, las inversiones paralizadas y el desempleo presionando al alza, lo lógico es que la presidenta Bachelet priorizara en el Congreso la discusión de una serie de leyes que apuntaran a la reactivación económica en el corto y mediano plazo, haciendo un llamado a la unidad nacional para sacar adelante esta agenda pro crecimiento.

Sin embargo, Michelle Bachelet prefiere priorizar un proyecto ideológico, como el del matrimonio igualitario, que solo genera división y polarización en la sociedad chilena.

Pero lo que resulta más llamativo, es que este anuncio se hace cuando aún no cumplimos un año desde que entró en vigencia el AUC, en octubre de 2015, un proyecto de ley impulsado con fuerza por el Gobierno y la Nueva Mayoría, el cual regulaba legalmente la convivencia afectiva entre parejas homosexuales.

Quizás, la explicación de priorizar el matrimonio Igualitario por parte del Gobierno esté en el deseo de aprobar la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, aspecto que el AUC no abordó en su discusión legislativa y que es la última gran demanda pendiente que tienen los movimientos de lobby homosexual.

Y es aquí donde muchos tenemos una oposición de fondo ante esta idea. Porque la adopción no es un derecho de la pareja que desea tener un niño, independiente de que sea heterosexual u homosexual, sino que constituye un derecho del niño, quien debe recuperar aquello que debería tener y que por distintas razones perdió: un padre y una madre.

Es en ese sentido, que muchos entendemos que el deber principal del Estado frente al tema de la adopción, es privilegiar los derechos de ese menor a recuperar una familia donde crecer y desarrollarse. Esta es la razón por la cual las familias que desean adoptar un niño, deban cumplir con una serie de requisitos y condiciones. Es decir, aquellos que desean adoptar, deben demostrar al estado que cumplen con las condiciones necesarias para que el menor pueda desarrollarse plenamente.

Entender la adopción como un derecho de la pareja de adultos, independiente de su condición sexual, es un error conceptual profundo y que, eventualmente, podría vulnerar derechos básicos y fundamentales de niños vulnerables de nuestro país.