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  Medida de parche

  Por Eduardo Frei Ruiz- Tagle, senador por la Región de Los Ríos

17 de junio de 2011

ImagenEl proyecto sobre indulto general es una reacción al trágico incendio que se registró en la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre pasado, y que causó la muerte de 81 reclusos. A mi juicio, creo que estamos frente a una medida de parche, que no soluciona el problema de fondo.

Si el Gobierno tiene el objetivo de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención, en los que se registra cerca de un 60% de sobrepoblación penal, entonces el camino, a mi juicio, no es el indulto, por muy restringido que sea.

Por el contrario, lo que el país requiere es contar con una verdadera política criminal que sistematice nuestro catálogo de delitos y penas, de manera de establecer una relación más lógica entre la gravedad de los ilícitos y las penas que se les asignan.

Lejos de lo que se ha pregonado desde hace muchos años, debemos erradicar la idea de creer que la cárcel es la primera y única alternativa. Por el contrario, el país debe racionalizar el uso de los recintos penales y reservar las penas privativas de libertad para los delitos más graves. Nada de eso está en esta iniciativa. Por lo tanto, el sistema de indulto general propuesto es una solución parcial y no resuelve el verdadero problema que tiene la sociedad chilena en esta materia.

Los proyectos que están y que se han planteado en las distintas Comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara, creo que son el camino.

El Ministro de Justicia ha explicado que, en algunos casos, se van a resolver problemas de personas que tienen dos tercios de la pena cumplida. A través de los mecanismos administrativos de Gendarmería perfectamente esas personas pueden salir en libertad inmediatamente. Hasta con 50 % de la pena cumplida lo pueden hacer. Por lo tanto, creo que ese es el camino definitivo.

La Constitución Política faculta al Presidente de la República para otorgar los indultos particulares que estime pertinentes. De esta manera, si se requieren decisiones específicas respecto de un número acotado de personas, el Jefe de Estado ya dispone de la herramienta necesaria para conceder tal beneficio, sin que se necesite acudir a una ley general como la que está proponiendo. En ese sentido, hago un llamado al Presidente de la República para que ejerza sus atribuciones como corresponde y que no le endose al Parlamento la responsabilidad de indultar a personas privadas de libertad.

Si el Mandatario no quiere o no le gusta usar esa potestad que la ley le confiere, entonces sugiero que se envíe un proyecto de ley para derogarla o que se busque otro mecanismo para reducir la sobrepoblación de las cárceles chilenas.

En la pasada campaña se me atacó duramente por los indultos que concedí en mi calidad de Jefe de Estado y se me acusó de haber abierto la puerta a la delincuencia al hacer uso de esta facultad. Yo, al menos asumí las consecuencias de las decisiones que adopté y nunca esperé que otro poder del Estado se hiciera cargo de competencias que me eran propias como Presidente de la República.

En mi período, cuando Soledad Alvear era nuestra Ministra de Justicia, hicimos dos tareas fundamentales. Primero, la reforma procesal penal, que es considerada la reforma más importante del Estado en esta materia en cien años. Y en materia carcelaria tengo la tranquilidad de decir que construimos 120 mil metros cuadrados en la política penitenciaria, la más alta construcción que se hizo en todo el siglo XX, década por década.

En el curso de la campaña se prometió al país terminar con la denominada "puerta giratoria" y que los delincuentes cumplirían toda su condena en la cárcel. Por lo tanto, a mi juicio, ese es un nuevo incumplimiento de las promesas de campaña y frente a una iniciativa que no me parece que resuelve ni siquiera mínimamente las condiciones de hacinamiento que hoy día existen en los recintos penitenciarios chilenos.

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