Minas antipersonales: una deuda pendiente

Hace poco me reuní con el ministro de Defensa, Jorge Burgos con la finalidad de abordar los alcances y el estado en la tramitación del proyecto de ley –enviado por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, que busca proporcionar reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar (Uxos).

El ministro se comprometió –durante la cita-, a una tramitación lo más rápida posible, en la Cámara de Diputados para que así podamos tener en el Senado este proyecto a la brevedad.

Creo que Chile tiene una deuda con quienes han terminado lesionados, fallecidos o seriamente afectados en su calidad de vida, y siento que es el momento de poder reparar esa deuda a través de este proyecto de ley.

Por eso le solicité al Ministro de Defensa, que si hay algún cambio al proyecto original enviado por el Gobierno del ex Presidente Piñera, -mientras era Ministro Andrés Allamand-, por lo menos en el reglamento de la iniciativa se pueda establecer que ojala hayan los menos trámites posibles –para los beneficiarios-.

Esperamos que exista una ventanilla única, donde estos beneficios sean de entrega automática y evitar como ocurre habitualmente que, a personas que son discapacitadas, o que tienen problemas para desplazarse o de otro orden, terminen atrapados en una maraña burocrática.

Nuestras Fuerzas Armadas, desde el año 2002, han puesto a disposición todas las capacidades y medios posibles para lograr cumplir con la totalidad de las obligaciones que establece la Convención de Ottawa. Así, la destrucción del stock existente ya fue realizada, y actualmente se encuentra en plena ejecución el programa de desminado a lo largo del país, esperando que para el año 2020 Chile obtenga la certificación de país libre de minas antipersonal.

Sin embargo, queda un desafío pendiente. La asistencia para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y económica.

Desde 1970 y hasta el 01 de marzo del año en curso, según antecedentes que obran en poder de la Comisión Nacional de Desminado, creada por el decreto supremo N° 2200/79 de 2002, del Ministerio de Defensa Nacional, 140 personas han fallecido o sufrido lesiones o heridas corporales como consecuencia de la  explosión de minas terrestres o de explosivos militares sin detonar. De ellas, 16 civiles y 12 militares fallecieron en esos accidentes, y 40 civiles y 72 militares resultaron lesionados.

El proyecto de ley tiene como propósito fundamental proporcionar reparación y asistencia en rehabilitación física y psicológica, e inclusión social y laboral a las víctimas de explosiones de minas u otros artefactos explosivos militares que quedaren abandonados o sin estallar, en la forma que se define en el mismo, mediante el otorgamiento de una serie de beneficios que conlleven a los fines antes señalados, y que permite dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en las Convenciones mencionadas.