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  No podemos seguir con contratos absurdos

  Por Pablo Longueira, senador por la Región Metropolitana

13 de agosto de 2010

El proyecto que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, cambia Imagenla ley 18.696, que establece las normas sobre el transporte de pasajeros para todo el territorio nacional. No estamos legislando para Santiago ni tampoco lo estamos haciendo para el Transantiago. Son normas que rigen para todo el país.

No obstante, si hay algo que ha caído en el Transantiago es la demanda y por lo tanto, estamos subsidiando obligatoriamente y no estamos subsidiando un buen servicio. Estamos permitiendo que el Transantiago no colapse.

El error fue haber planteado la modificación del transporte público en Santiago asumiendo que los propios usuarios iban a financiar esa transformación. Si hubiésemos tenido una discusión en este Congreso en que el subsidio del cambio del transporte público de la capital nos costaba 800 millones de dólares al año, como nos está costando, creo que no hubiéramos sido partidarios de cambiar.

A lo mejor no era el minuto. Estamos gastando esa cantidad de recursos al año en el Transantiago fruto de que tenemos unos contratos absurdos, ridículos. Y eso es lo que no podemos y no hemos logrado cambiar.

Por eso quiero rescatar que el proyecto que está en discusión modifica leyes permanentes y, básicamente, solicita más Estado.

Estamos pidiendo más facultades, porque tenemos que pasar a un sistema regulado y no tenemos los instrumentos legales. Me parece razonable que se soliciten para que el Ejecutivo y el responsable del transporte público de Santiago pueda solicitar informaciones elementales que si hoy día se piden no se dan.

Pero lo más importante, y en esto valoro el acuerdo político, es que tenemos que empoderar al Gobierno para que cambie los contratos, porque si no los cambiamos no va a mejorar la calidad. Lo que se está planteando en este proyecto, es precisamente que el Ejecutivo, por interés nacional, va a poder poner término anticipado a estos contratos abusivos que nos tienen gastando 800 millones de dólares.

No obstante, la única forma que aquí se propone para modificar los contratos, es el término anticipado y eso significa indemnizaciones millonarias y por tanto, un costo muy complejo de abordar. En ese sentido, creo que tenemos que buscar un mecanismo en otra cláusula de término de estos contratos, que es el mutuo acuerdo.

Actualmente se proponen cuatro fórmulas que establecen la forma en que terminan estos contratos: cuando termina el plazo, de mutuo acuerdo, por caducidad, por quiebra del concesionario y por las demás que se establezcan.

Creo que el mutuo acuerdo tiene que ser de tal magnitud que sea el mecanismo por el cual se ponga término a estos contratos. Y en ese sentido, tiene que tener incentivos suficientes.

No podemos seguir con contratos absurdos, que le han significado al país un gastadero enorme de recursos, con una pésima calidad del servicio. Por lo tanto, si en el futuro vamos a acompañar alzas en las tarifas, que al menos la gente sienta que esa alza está respaldada por una calidad, una mejoría del transporte público.

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