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Anuncian moción que norme la cantidad máxima de materiales pesados en polvo sedimentable

El senador Araya comentó que se requiere una legislación en esa dirección, particularmente en el norte del país, donde se perciben las consecuencias de la contaminación provocada por la minería.

21 de noviembre de 2014

Imagen foto_00000014Como un hecho grave calificó el senador Pedro Araya, la demora del resultado obtenido por el Instituto de Salud Pública (ISP) respecto al estudio de metales pesados en sedimento que se realizó en las inmediaciones del terminal marítimo de Antofagasta.

 

De acuerdo a la autoridad, las conclusiones de dicha investigación estaban en junio pasado, sin embargo solo se dieron a conocer el 19 de noviembre. En ese sentido, el legislador planteó que “el informe revela una situación de extrema gravedad que afecta la calidad de vida de las personas y demuestra que el Estado y las empresas tienen una deuda pendiente con Antofagasta”.

 

Junto con valorar la investigación iniciada de oficio por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (BIDEMA) de la PDI de la citada ciudad, el congresista anunció que “pediremos al Ministerio Público mayor celeridad en esta materia porque es un tema que hoy está afectando la salud de la población”.

 

En lo legislativo, el congresista reconoció la necesidad de establecer normas en esta materia, similares a las que se poseen países desarrollados. “Aunque las empresas no quieran, exigimos regulación de metales pesados. Pondremos los antecedentes de este informe en manos del Ministerio del Medio Ambiente”, declaró.

 

Al mismo tiempo adelantó que “trabajaremos junto al Ejecutivo en un proyecto que norme la cantidad máxima de materiales pesados en polvo sedimentable para el norte grande del país, cuyas ciudades son las que concentran la mayor cantidad de la industria minera de Chile. Además, exigiremos medidas de mitigación por parte de quienes resulten responsables de esta grave contaminación”.

 

Respecto a las labores de fiscalización, mencionó que “exigiremos a la autoridad sanitaria y ambiental que fiscalice de manera exhaustiva a Antofagasta Terminal Internacional (ATI) y a las empresas de transporte de las mineras que trasladan concentrado de cobre”.

 

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