Gestionan retiro de fuerzas policiales en Salamanca

La senadora Adriana Muñoz hizo presente su preocupación por los serios incidentes ocurridos en Salamanca entre fuerzas especiales y vecinos del sector, por lo que realizó gestiones ante el Ministerio del Interior para exigir el retiro inmediato de las fuerzas especiales de Carabineros en la mencionada comuna.

Asimismo, la legisladora envió un oficio para que el gobierno informe sobre quien dio la orden de instalar fuerzas especiales a la zona para aplacar la demanda ciudadana por acceso al agua. La parlamentaria recordó que en Salamanca las comunidades han demandado insistentemente el cumplimiento de un compromiso hecho con la minera de avanzar en la desalinización de agua para mejorar los acuíferos de la cuenca del Choapa.

“La sistemática negativa de la empresa a cumplir con este compromiso ha causado una justificada irritación en la comunidades que se ha expresado legítimamente su malestar, a través de diversas movilizaciones” – manifestó.

A juicio de la parlamentaria, estas manifestaciones han sido aplacadas por las fuerzas policiales, utilizándose y estableciéndose en el lugar un fuerte contingente, que calificó de inusual y excesivo para la zona. “Es tremendamente inquietante y doloroso el uso de la represión, en la magnitud y condiciones que se ha difundido, para reprimir a comunidades que reclaman un elemento tan imprescindible como el agua. Queremos ver la energía del Estado administrando este recurso vital para la vida humana en función del bien común y no reprimiendo a las comunidades que reclaman sus derechos más fundamentales”, precisó.

Por su parte, el senador Alejandro Navarro manifestó que “Caimanes no puede ser criminalizada por exigir su derecho al agua” y salió a respaldar la movilización de las comunidades del Valle del Choapa, quienes exigen el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que obliga a Minera Los Pelambres a restablecer el curso natural del dañado y contaminado Estero El Pupío, el que provee agua a la comunidad de Caimanes.

 “Hace 3 años, advertimos las graves consecuencias que traería a la salud y el abastecimiento de agua, necesaria para la subsistencia de la comunidad de Caimanes, ubicada al interior de los Vilos en la zona pre cordillerana, que cuenta con una población de alrededor de 2.000 personas, quienes durante años han dado una batalla frontal a la construcción del Tranque de relaves tóxicos El Mauro, propiedad de Minera Los Pelambres, la que contiene más de 2.700 millones de toneladas de relaves tóxicos”, denunció el legislador.

El líder congresista recordó que la minera Los Pelambres “tras años de operaciones en la zona, desde su implementación en 1999, ha mantenido enfrentamientos con diferentes localidades de la zona.  Cuando su primer tranque de relave, ‘El Chinche’, se agotó, procedieron a instalar el Tranque ‘Los Quillayes’ en la zona alta del valle en el sector de Cuncumen. El relave ‘Los Quillayes’ se agotó muy pronto, por lo que en menos de dos años ya estaba a máxima capacidad, debiendo ser cerrado. Así, la minera buscó un nuevo tranque esta vez en la localidad de Caimanes, instalando el tranque el Mauro que agotó y contaminó las aguas del estero El Pupío”.

 “Esta es una historia de depredación de los recursos hídricos y violación de los derechos más elementales de los habitantes de la zona rural de Caimanes. No es posible que una comunidad sea criminalizada por exigir su derecho al agua”, indicó.

 Asimismo, el legislador anunció que se reunirán con el ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier “para hacerle ver que las medidas adoptadas por la minera Los Pelambres son absolutamente insuficientes y contrarias al fallo emitido por la Corte Suprema, por lo que el Ejecutivo debe actuar con prontitud y no solo reprimir a la gente ante una reivindicación absolutamente legítima”.