Critican falta de propuestas del gobierno para crisis hídrica en Región de Atacama

Elaborar un plan de gestión integral de la cuenca, retomar la reforma constitucional del Código de Aguas e implementar incentivos tributarios, son algunas medidas propuestas por la senadora Isabel Allende, a raíz de la crisis hídrica que enfrenta Copiapó, Caldera y Chañaral.

Añadió que "desde que se declaró la zona de escasez que hemos venido insistiendo en la necesidad de llevar adelante medidas de fondo, frente a los parches y paliativos del gobierno; pero, éste no ha reaccionado y seguimos con la misma incertidumbre que desde hace cinco meses".

La parlamentaria explicó que "hemos propuesto también la idea que las mineras cuenten con sus propias desaladoras e idealmente se coordinen para tener una entre todas las empresas. Sin embargo, no recibimos respuestas salvo la promesa del Presidente de la República de garantizar el consumo humano del agua. Lamentablemente, no sabemos cómo se hará efectivo".

Enfatizó que "el  compromiso del gobierno fue entregar soluciones concretas en marzo y hasta ahora, no hemos recogido nada en la Región de Atacama. No hay pronunciamiento de la Intendenta, ni tampoco del gobierno central, a través del Ministro de OO.PP. Laurence Golborne; pareciera que no se conocen o simplemente, no se hacen cargo de lo que en Copiapó y en otras comunas de la Región, como Caldera y Chañaral, con respecto a la crisis hídrica".

La legisladora recordó que "ahora, que el plazo de la declaración de escasez se acerca a su fin y no es posible prorrogarla, aparecen personeros del oficialismo planteando ideas como revocar la concesión de Aguas Chañar. Resulta que hace meses que planteamos esto en un oficio al MOP que -a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios- respondió que la empresa estaba realizando todos los esfuerzos por resolver la prestación del servicio, avalando así la gestión de Aguas Chañar, ya que hacían más de lo que la norma los obligaba".

Asimismo, insistió que "este tipo de respuesta refrende lo que hemos venido diciendo acerca de modificar la regulación de las aguas, cambiar la vocación productiva del Código por una que proteja las necesidades de la población y garantice el suministro a través de un activo rol del Estado".