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  Discrepan en críticas del gobierno al Poder Judicial y Ministerio Público

  Mientras el senador Camilo Escalona indicó que lo expresado por el Ejecutivo sólo ha ¿abierto un nuevo foco de conflicto¿; el senador Víctor Pérez, solicitó terminar con la ¿seguidilla de declaraciones¿ entre los organismos de seguridad pública y el gobierno.

19 de diciembre de 2011

Luego del impase producido por la ausencia del Ministro Público, Sabas Chahuán a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, medida que reflotó las críticas del Ejecutivo al Poder Judicial y los fiscales, los senadores Camilo Escalona y Víctor Pérez Varela expresaron sus diversas discrepancias sobre el tema.

El senador Escalona dijo que las críticas expresadas por el gobierno sólo han "abierto un nuevo foco de conflicto"  y que la ley "establece nítidamente que puede participar en esa reunión el presidente de la Corte Suprema o su representante", precisó.

El legislador agregó que "de esta manera los ataques que se han formulado contra Milton Juica, presidente de la Corte Suprema, no tienen justificación, son simplemente un exabrupto por la impopularidad del gobierno frente al fracaso que tiene en la lucha contra la delincuencia".

En ese sentido, el parlamentario aseguró estos ataques del gobierno también se inscriben "en contra el Fiscal Nacional, quien tenía convocada con anterioridad una reunión con los fiscales regionales, que también está establecida por ley".

Enfatizó que "no hay ninguna razón que avale la desesperación,  angustia y el ánimo confrontacional con el cual el gobierno ataque el sistema de justicia del país. Se trata de la incapacidad de aceptar que su gran promesa estrella de luchar contra la delincuencia, se ha caído derrumbada estrepitosamente por la incapacidad de quienes ejercen  hoy la autoridad".

A su vez, el senador Pérez Varela realizó un llamado a terminar con las diferencias entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial, "es fundamental terminar con la seguidilla de declaraciones entre los representantes de la instituciones que tienen que garantizar la seguridad a los chilenos, y en ese sentido un nuevo presidente de la Corte Suprema  tendrá mucho que aportar", aclaró.

Asimismo, el parlamentario reiteró su respaldo a la propuesta del oficialismo, que busca condicionar los ascensos de los magistrados según su desempeño, debiera ser analizada en su totalidad, por parte de los jueces y argumentó que  "tenemos que escuchar propuestas y analizarlas acuciosamente, sin desecharlas a priori sin argumentos realmente válidos".

Añadió que "como lo hemos dicho y sostenido con mucha fuerza, los jueces son un pilar en el combate al delito. Por lo tanto, en esta tarea tenemos que trabajar todos".

En relación con los fiscales, enfatizó que su labor también es importante en el combate de la delincuencia "y por tal razón, lamentamos lo ocurrido en las últimas semanas, y confiamos en que las diferencias van a ser superadas y vamos a ser capaces de converger a una política común en esta materia", indicó.

No obstante, dijo que "hay hechos que no podemos tolerar, como es por ejemplo que el 85% de los robos denunciados sean archivados por la fiscalía, sin hacer un esfuerzo por identificar y detener a los delincuentes. Estas cifras las que generan una sensación de impunidad en la ciudadanía que no es tolerable, y esta realidad la tenemos que cambiar, pero para eso necesitamos el compromiso y el trabajo de todas las instituciones".

DERECHOS HUMANOS Y DESPIDOS

En tanto, el senador Escalona, se refirió al reciente informe del Instituto de Derechos Humanos y a los despidos de los trabajadores del sector público.

En ese sentido, el legislador lamentó la situación producida por la ausencia de autoridades en la presentación del informa anual del Instituto de Derechos Humanos, y dijo que " se trató de un intento de deslegitimar la opinión que tiene dicho organismo por parte del gobierno y en particular,  del vocero, Andrés Chadwick".

Recordó que la entidad "se aprobó durante el gobierno de Michelle Bachelet, como corresponde a una doctrina democrática. El Ejecutivo estuvo de acuerdo en que dicho instituto se financiara con recursos fiscales sin depender del gobierno del turno".

El parlamentario indicó hubo partes del contenido del informe que "incomodaron al actual gobierno como por ejemplo, donde se describió que existieron muchos estudiantes que fueron detenidos este año con el propósito de limitar, violar o afectar su derechos a manifestación y no como el resultado que estén cometiendo un delito flagrante".

Sostuvo que esto "derrumba la teoría del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que las personas son puestas en libertad porque los Tribunales de Justicia son los ¿malos'; acá hay un gobierno que está empeñado en un conflicto permanente, de varios meses, con diferentes poderes del Estado, afectando el normal desarrollo de un Estado de Derecho".

Asimismo, agregó que "lamento que se haya visto involucrado el propio Presidente de la República en estas materias; él ha tenido expresiones menoscabaste hacia los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público, y resulta que ahora el informe de Derechos Humanos pone las cosas en su lugar. Muchas personas detenidas en manifestaciones fueron estudiantes que dijeron que estaban autorizados".

El legislador explicó que los despidos del sector público "suman entre el año 2010-2011 más de 10 mil funcionarios; esto ha sido claramente una persecución al que piensa distinto. Dicho tema fue el centro de la discusión del reajuste de este año, porque el gobierno otorgó 5 %, pero si hubiera dado 5,2 %; esto significaría que una persona que gana 250 mil pesos ó 180 ó 200 mil, el aumento mensual era de 500 pesos".

"La verdad -dijo- no estaba en la discusión en que el Ejecutivo, encabezado por Sebastián Piñera, aumentara una décima o dos el reajuste; el punto estaba en el derecho de pensar distinto, o sea,  se trató de un tema de país,  democracia y libertad".

El senador informó que ante esta situación  "el gobierno no la ha querido resolver, el Ministro de Hacienda dijo en la discusión de la Comisión de Hacienda que se han revisado y reintegrado 268 casos, pero estamos hablando de una suma cercana de los 10 mil. Muchas decisiones de reincorporar a estas personas, el Ejecutivo ha tenido que hacerlo por obligación, porque la Contraloría dictaminó a raíz de un fuero maternal o porque habían impedimentos desde la asociatividad gremial".

El senador Escalona comentó que "le dije al ministro de Hacienda que no creo que él  esté con una lista ordenando quienes son los que se despiden, pero sí en los servicios públicos hay muchos  ¿pequeños verdugos' que están examinando, hostigando y tomando decisiones sectarias y que  no tienen otro sentido que  no sea perseguir".

Sostuvo que esto está "en la vieja idea de pensar que el gobierno es una especie de botín para influir en funcionarios por el simple hecho de ser cercanos a los partidos que están gobernando; la persecución a simples funcionarios es un hecho  enteramente inaceptable en democracia, pero el gobierno es incapaz de resolverlo y por eso,  vamos a seguir presionando".

Aseguró que "el gobierno en esto se ha buscado un gravísimo problema, porque la capacidad del Estado se resiente; hay muchos funcionarios que no se atreven a tomar decisiones porque si lo hacen, esa puede ser excusa para el despido. Por lo tanto,  el trabajo en muchos servicios públicos, se hace más burocrático, lento e ineficiente".

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