Quieren que inspectores civiles fiscalicen a prestadores de servicios del Senama

Establecer nuevas facultades a los Comités Regionales, para que actúen como entidad certificadora de aquellos voluntarios que deseen constituirse como fiscalizadores civiles del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, es el fin del proyecto presentado por los senadores Carlos Bianchi, Antonio Horvath, Baldo Prokurica y Mariano Ruiz-Esquide, y que fue declarado inadmisible por no corresponder a las atribuciones de los parlamentarios.

Por esta razón, solicitaron a través de un oficio del Senado, el patrocinio del Ejecutivo, a la moción que modifica la Ley 19.828 que establece el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

En lo fundamental, el texto legal señala que "los Comités Regionales serán una entidad certificadora, llevarán un registro y autorizarán a los inspectores civiles para supervisar las condiciones de vivienda, salud y atención de los adultos mayores."

Añade que los inspectores civiles "tendrán como principal función velar por las condiciones de vivienda, salud y atención de los adultos mayores; para ello, accederán a toda institución pública o particular con fines de inspección y observación. En caso de negárseles el acceso, se deberá dejar registro especificando, al menos: la fecha, hora, persona a cargo del lugar y una relación breve de los hechos; copia de estos antecedentes deberán remitirse al Servicio, con el objeto de que se tomen las medidas necesarias".

Precisa que dichos inspectores "provendrán de las distintas organizaciones civiles existentes en las regiones, deberán certificarse en los Comités Regionales para el Adulto Mayor. Estos voluntarios no contarán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones".

Al respecto, los autores de la moción explicaron que "el número de adultos mayores, que sobrepasan los 60 años, ha tenido un rápido crecimiento en nuestro país al igual que en el resto del mundo. Ellos han adquirido especial importancia en las organizaciones que se ocupan de darles apoyo o de crearles espacios apropiados a sus intereses".

Agregaron que "existe una gama diversa de instituciones encargadas del cuidado de nuestra gente grande, desde la familia hasta entidades de carácter público o privado. Lamentablemente, en muchas de estas instituciones no cumplen con el servicio que entregan, y los adultos mayores no sólo quedan entregados a su suerte, sino que son víctimas de situaciones que constituyen maltratos graves".

En ese sentido, comentaron que "creemos que la necesidad de fiscalización es especialmente sensible tratándose de situaciones que involucran a los más vulnerables, como son los adultos mayores. Por ello, estableceremos una nueva figura que pueda facilitar, promover y mejorar la fiscalización de la amplia gama de entidades dedicadas a la atención y cuidado de las personas mayores".

Precisaron que "adultos mayores organizados, son a los que queremos recurrir, para que sean parte de la solución. Ellos eligirán a sus pares para que se transformen en fiscalizadores de todas las instituciones, de cualquier naturaleza, que se dedique o tenga a su cargo el velar por la gente grande".