Anuncio sobre envío de proyecto que tipifica el delito de saqueo y tomas ilegales genera polémica

Sus distintas visiones sobre la forma de prevenir los desmanes tras las últimas manifestaciones mediante un proyecto de ley que tipifique los delitos de saqueos y tomas ilegales manifestaron los senadores Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, Víctor Pérez, Patricio Walker, Soledad Alvear , Jaime Quintana, Pedro Muñoz, Guido Girardi y Alejandro Navarro.

El  senador Coloma, aseguró que es necesario regular los hechos ocurridos tras las marchas, argumentando que "todos estos elementos que han ocurrido este último tiempo muestran una debilidad en la forma de que los Carabineros en Chile tienen que ser defendidos".

Sobre la intención de establecer penas para los estudiantes que ocupan ilegalmente los colegios, el legislador señaló que "algo hay de diferencia entre una marcha y un encapuchado. Hay algo distinto al derecho de expresión y el derecho a destrucción de un establecimiento educacional".

En la misma línea, el senador Alberto Espina hizo un llamado a la oposición a apoyar la ley que busca endurecer las penas frente a los desórdenes públicos y que tipifica como delitos el saqueo y la tomas ilegales de establecimientos educacionales.

"Espero que los senadores y parlamentarios podamos resolver esto con prontitud y no hayan excusas porque ya veo que va a salir alguien diciendo en un momento que aquí se está vulnerando el derecho a la protesta, y empezar a buscar explicaciones y excusas para no actuar como corresponde", indicó.

A su juicio, "un hecho es que una persona pueda manifestarse pacíficamente, que es parte de la democracia esencial, y otra es que haya delincuentes que provoquen saqueos, destrucción a la propiedad pública y privada e interrumpan servicios básicos".

A su turno, el senador Víctor Pérez también respaldó la iniciativa del Ejecutivo, señalando que "las bombas molotov, los saqueos, la destrucción de los bienes públicos y privados, no son acciones propias de una manifestación ciudadana, eso es delincuencia y debe ser reprimida".

Agregó que "sancionar y actuar contra los vándalos va en defensa de la democracia y de la libertad de expresión y cualquier otra interpretación es antojadiza. No podemos seguir tolerando que grupos minoritarios de delincuentes aparezcan al final de cualquier manifestación y lo destruyan todo, tenemos la obligación de frenar ese tipo de acciones".

CAUTELA

En tanto, el senador Patricio Walker, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se mostró abierto a conocer la iniciativa, pero realizando un debate serio y sin apuros.

"Si nosotros hubiéramos aceptado la presión del gobierno hubiéramos aprobado un mal royalty, un mal posnatal y nuestra pega, sobre todo en el Senado que somos mayoría, es hacer bien las cosas, porque a nosotros no nos basta sacarnos la foto, que hayan medidas efectistas, sino que sean efectivas", afirmó.

Por su parte, el senador Muñoz criticó la propuesta del gobierno y la calificó como "una norma eminentemente represiva y propia de gobiernos dictatoriales".

En su opinión, el proyecto busca "desarticular los movimientos sociales, porque una cosa es sancionar el saqueo, que por lo demás ya está sancionado dentro de nuestro Código Penal y por lo tanto, no tiene sentido crear una figura penal nueva, y otra cosa y, que es lo peor en este anuncio, es sancionar  las tomas de los colegios y las movilizaciones".

El legislador dijo que "me parece gravísimo, porque es atentar contra la democracia, atentar contra un gran movimiento ciudadano que la única forma de expresar que tiene es saliendo a las calles y expresar su malestar tomándose determinados recintos".

El parlamentario calificó, en general, de innecesaria la norma recalcando que los desórdenes públicos están sancionados y que los atracos a establecimientos comerciales realizados por turbas o con ocasión de tumultos también están establecidos como agravantes en el Código Penal.

Por su parte, la senadora Alvear  señaló que "si el proyecto de ley contempla la toma de establecimientos educacionales, me parece que criminalizaría una situación bastante compleja por dos razones, uno por ese hecho en particular, y segundo porque estamos en medio de una mesa de trabajo entre el Gobierno y estudiantes para superar una situación difícil que se ha producido por el tema educacional y que no solo ha sido apoyado por los estudiantes,  sino que también por la gran mayoría del país".

Agregó que "como presidenta de la Comisión de Constitución vamos a revisar con penalistas si los delitos que se pretenden contemplar en esta nueva iniciativa legal están ya incluidos en nuestro código penal, además de ver la tipificación, es decir, cómo se constituyen estos delitos y qué sanciones eventualmente tendrían".

En tanto, el senador Quintana manifestó que "esta ley puede terminar siendo un saqueo a las libertades públicas. No parece sensato dar respuestas criminales a problemas sociales y políticos. No se resuelve el conflicto y la crisis de la educación, encarcelando a quienes han tenido la fuerza y la claridad de colocar este tema en la agenda pública".

El parlamentario agregó que "este proyecto busca subir en las encuestas y corre el riesgo de ser una ley del saqueo en contra de las libertades públicas. Aquí no se busca atacar la delincuencia, sino limitar el democrático derecho a la expresión social".

En esta línea, explicó que "tipificar un delito, significa que la sociedad reprocha una acción que atenta en contra de determinados bienes, que a esa misma sociedad le interesa proteger. Entonces, no se entiende que se pretenda tipificar el delito de tomas, ya que la sociedad, muy lejos de reprochar las movilizaciones de los estudiantes, las apoyan".

En tanto, el Presidente del Senado Guido Girardi y el senador Alejandro Navarro, anticiparon que votarán en contra de dicha iniciativa legal.

El senador Girardi calificó la medida como "pirotecnia dictatorial y represiva", y subrayó que el gobierno "no se da cuenta de lo que hizo,  están tratando a los estudiantes como si fueran subversivos, los jóvenes chilenos no son terroristas, están en justas demandas, las tomas incluso existieron en época de dictaduras y no se sancionó penalmente".

Por su parte, el senador Alejandro Navarro, reprochó la criminalización de los estudiantes, y adelantó que "esta ley no va a pasar en el Congreso, creemos que el gobierno se retractará y concentrará sus esfuerzos en perseguir a los delincuentes y no en leyes innecesarias".

Los parlamentarios indicaron que los delitos que el gobierno pretende sancionar, están debidamente penados en la actual legislación y que en caso de insistir con su tramitación, harán presentaciones a organismos de Derechos Humanos y a la UNICEF.