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  Demandan una reacción oficial ante Bolivia por ley de legalización de autos que ¿afecta a miles de chilenos¿

  El senador Baldo Prokurica pidió al Gobierno que inicie una protesta formal porque se trata de ¿un verdadero acto de piratería de un país que no está respetando acuerdos ni tratados".

23 de junio de 2011

 Como una medida que afecta directamente a Chile, calificó el senador Baldo Prokurica la decisión del gobierno boliviano que autorizar la legalización de vehículos que están sin papeles en ese país.

 

A su juicio "esta legislación de Bolivia incentiva el robo de automóviles en territorio chileno para llevarlos a suelo altiplánico y legalizarlos ahí". Por ello, demandó una pronta y efectiva reacción de parte del Ejecutivo.

 

Explicó que "lo grave de esto es que se ha generado una suerte de nuevo negocio que consiste en que los delincuentes roban autos en Chile los cambian por droga en Bolivia y vuelven a ingresar droga a nuestro país".

 

"Creo que el Presidente Piñera y el Gobierno debieran reaccionar sobre este hecho, porque es una situación que está afectando a miles de chilenos que nunca más van a poder recuperar sus vehículos", dijo.

 

El integrante de la comisión de Defensa Nacional destacó que el Senado aprobó un proyecto de acuerdo en esa línea que solicita a las autoridades que se pronuncien ante esta ley, que a su juicio representa "un verdadero acto de piratería entre países que tienen tratados, acuerdos de complementación económica celebrados, y que tienen mecanismos para resolver estos temas".

 

Precisó que "se ha ido generando una situación que no puede continuar, y por eso presenté un proyecto de acuerdo ante el Senado que ha sido aprobado para pedir al Gobierno que haga una protesta formal por este hecho, y que recurra además a los mecanismos de la OMC para suspender la aplicación de esta ley", expresó.

 

Agregó que "en un mundo como el de hoy los gobiernos no tienen derecho a hacer lo que quieren, no son estados absolutamente independientes en estas materias, y creo que la OMC y el propio Mercosur tienen mecanismos donde hay disposiciones que obligan a los países firmantes a no hacer este topo de actos que son hostiles con países vecinos".

 

 

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