Nominan a Beatriz Corbo como integrante del Consejo de Alta Dirección Pública

La Comisión de Hacienda que preside el senador Camilo Escalona, será la encargada de analizar la petición realizada por el Presidente de la República para nombrar como integrante del Consejo de Alta Dirección Pública a la abogada María Beatriz Corbo Atria.

La profesional reemplazará en el cargo a la actual Directora de Presupuestos, Rosanna Costa que fue elegida por el periodo de seis años, entre el 5 de julio de 2004 y 5 de julio de 2010.

De este modo, la propuesta del Presidente Sebastián Piñera, requiere los votos de los 4/7 del Senado, es decir, de 22 senadores para ser aprobada.

Beatriz Corbo Atria, es abogada de la Pontificia Universidad Católica y diplomada en Estudios Internacionales de la New York University y se desempeña además como investigadora de la Fundación Jaime Guzmán.

Cabe señalar que de acuerdo a la Ley 19.882 que creó el Servicio Civil, la Dirección Nacional de este servicio cuenta con un Consejo de la Alta Dirección Pública que está compuesto de cinco miembros. Uno es el Director Nacional y los otros cuatro son designados por el Presidente de la República, con el acuerdo del Senado.

Entre estos últimos se encuentran los consejeros Rossana Pérez, Rafael Blanco, Mario Waissbluth y María Luisa Brahm.

Los Consejeros de la Alta Dirección Pública deben ser personas con reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en administración de personal y/o políticas públicas, ya sea en el sector privado o en el sector público.

Estos funcionarios duran seis años en sus cargos y se renuevan alternadamente cada tres años.

El Consejo de Alta Dirección Pública, CADP, está inserto en la estructura de la Dirección Nacional del Servicio Civil y tiene como principal objetivo prestar asistencia en la toma de decisiones del Presidente de la República, ministros y jefes de servicios para la provisión de cargos de altos directivos públicos de exclusiva confianza, conduciendo los procesos de selección.

Asimismo, esta entidad debe cautelar por la no discriminación, imparcialidad y plena transparencia de los proceso de selección del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y además, garantizar su confidencialidad.