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  Pedirán patrocinio del Ejecutivo a proyecto que permite compensar a comunas donde se instalen centrales de energía

  El senador Hernán Larraín presentó una iniciativa que modifica los criterios del pago de patentes municipales de las generadoras, el que fue declarado inadmisible pues la materia es de atribución exclusiva del Presidente de la República.

29 de marzo de 2011

Con el propósito de darle a conocer su propuesta y solicitar el correspondiente patrocinio del Ejecutivo, el senador Hernán Larraín solicitará un encuentro con el titular de Hacienda, Felipe Larraín, para presentarle el proyecto que modifica la ley vigente en lo relativo al pago de patente municipal por las generadoras eléctricas.

 

El legislador, junto a los senadores Carlos Cantero, Jaime Orpis, Baldo Prokurica y Gonzalo Uriarte, presentó una iniciativa en esa línea, la que fue declarada inadmisible por ser materia de atribución exclusiva del Presidente de la República.

 

En lo fundamental, el proyecto propone introducir un criterio adicional aplicable al sector eléctrico que permita el fraccionamiento del pago de la patente municipal entre la casa matriz y las comunas donde se encuentran ubicadas las centrales generadoras de energía.

 

Para ello, se establece que el 90% del pago de la patente se pagará en las comunas donde se encuentran ubicadas las centrales generadoras, en proporción a su potencia instalada, mientras que el 10% de la patente se pagará en la comuna donde está ubicada la casa matriz y eventualmente otras sucursales no dedicadas a la generación de energía.

 

Según señala el senador Larraín en su proyecto "persiste una ausencia de mecanismos legales de compensación por el impacto social directo a las comunidades afectadas por la instalación, ejecución y desarrollo de estos proyectos".

 

Agrega que "la instalación de centrales eléctricas genera un detrimento del patrimonio de la zona recipiente del proyecto que se manifiesta, entre otros, en la modificación del entorno y la pérdida de oportunidades de desarrollo de otras actividades económicas como el turismo, la agricultura o piscicultura materia que no se encuentra regulada en el país".

 

Por ello, sostiene que "el interés nacional que justifica el desarrollo de proyectos energéticos debe considerar medidas concretas que habiliten a las comunidades afectadas por las externalidades negativas a disponer de instancias y recursos que permitan paliar el impacto generado y orientar el desarrollo local a otras actividades que favorezcan el desarrollo local. Entre ellos, la asignación de recursos directos a las municipalidades derivados del proceso de instalación y desarrollo de proyectos de generación eléctrica es prioridad".

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