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  Posibilidad de que el Gobierno venda su participación en Edelnor provoca divergencias entre senadores

  Mientras el senador Jaime Orpis apoyó la medida anunciada por el Presidente Sebastián Piñera para reunir fondos para la reconstrucción; su par, Camilo Escalona la calificó como ¿una improvisación¿. En tanto, el proyecto que crea el Fondo para la Reconstrucción ingresó a la Cámara de Diputados.

13 de abril de 2010

La fórmula dada a conocer por el Presidente Sebastián Piñera en torno a desprenderse de la participación que el Gobierno tiene en la empresa eléctrica Edelnor como una forma de obtener recursos para la reconstrucción generó dispares opiniones entre senadores.

 

Mientras el senador Jaime Orpis consideró que Edelnor era un "activo prescindible", su par, el senador Camilo Escalona, opinó que "estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista republicano", porque no existe información sobre los anuncios del Presidente.

 

Cabe señalar, que en el marco de su visita a Estados Unidos, el Presidente Piñera también anunció que estudia la fórmula de desprenderse del 35 por ciento que posee el Estado en las sanitarias Aguas Andinas, avaluadas por 850 millones de dólares; y en Essbio, cuya participación está tasada en 284 millones de dólares.

 

El senador Orpis, quien preside la comisión de Minería del Senado, se mostró de acuerdo con la decisión anunciada por el Mandatario. "Para el país es urgente la reconstrucción y Codelco tiene un porcentaje minoritario en una empresa eléctrica, por lo tanto, puede obtener los suministros eléctricos a través de licitaciones".

 

Por estas razones, el legislador indicó que los activos de Codelco en Edelnor son un activo prescindible y se debe buscar la forma de vender el 40% que el Estado tiene en la empresa y que está avaluada en 850 millones de dólares.

 

IMPROVISACIÓN

Por su parte, el senador Camilo Escalona se mostró crítico ante los anuncios del Primer Mandatario en Washington y del llamado que hizo a aprobar el plan de reconstrucción propuesto por su Gobierno.

 

"No conocemos los proyectos, estamos en una situación muy difícil del punto de vista republicano y de las normas y hábitos en democracia, el Presidente anuncia decretos que ni siquiera los altos funcionarios del Gobierno conocen", aseveró.

 

Respecto a la posibilidad de enajenar Edelnor, el parlamentario comentó le parecía "una improvisación" ya que primero hay que analizar si es o no conveniente para el país desprenderse de una empresa de generación eléctrica. Por estas razones, aseveró que "no se puede legislar con una pistola en el pecho de la Concertación".

 

Puntualizó que "el Presidente dijo en Estados Unidos que se podría vender Edelnor, pero tengo entendido que se compró para que Codelco pueda garantizar su suministro eléctrico y producción de cobre, entonces no estamos en condiciones de sumarnos a esta improvisación".

 

FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN

La iniciativa legal que crea un Fondo de Reconstrucción, espera reunir entre 8 mil a 10 mil millones de dólares e ingresó a la Cámara de Diputados, con calificación de suma urgencia, es decir, de diez días para ser analizado por cada rama legislativa.

 

La iniciativa establece una institucionalidad que permite canalizar la generosidad y cooperación de privados nacionales y extranjeros, destinadas a operar en forma coordinada y debidamente enfocada. Y, para ello, genera un mecanismo de beneficios tributarios para las donaciones que tengan por objeto financiar obras de reconstrucción motivadas por terremotos y catástrofes similares.

 

En materia de institucionalidad, el Fondo Nacional de la Reconstrucción será administrado por un Comité Ejecutivo para la Reconstrucción presidido por el Presidente de la República o quien éste designe, e integrado además por los Ministros del Interior, de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia, o quienes ellos decidan designar en su reemplazo, junto a dos miembros designados por el Presidente de la República.

 

Dicho Comité será el encargado de calificar las obras o proyectos de reconstrucción que pueden ser objeto de donaciones y de administrar y definir el destino de los recursos que compongan el Fondo Nacional de la Reconstrucción.

 

Asimismo crea una Secretaría Adjunta radicada en el Ministerio de Hacienda, que será la encargada de coordinar, junto al Comité Ejecutivo de Reconstrucción y los demás Ministerios, la correcta ejecución de las obras financiadas con recursos donados.

 

Dicha Secretaría será además la encargada de emitir los certificados que den cuenta de las donaciones efectuadas al amparo de la ley que se propone y de prestar el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para el funcionamiento del Comité.

 

En cuanto a las donaciones, éstas consideran beneficios tributarios tanto a favor de donantes que sean personas jurídicas como personas naturales, que sean contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría, del Impuesto Adicional, del Impuesto Global Complementario o del Impuesto Único de Segunda Categoría, todos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

 

También se consideran beneficios que liberan del Impuesto de Herencias y Donaciones. Asimismo, atendiendo el destino de la donación se establecen beneficios tributarios diferenciados, privilegiando con un beneficio tributario mayor, aquellas donaciones que se destinen al Fondo Nacional de la Reconstrucción por sobre las que se destinen a financiar obras específicas.

 

Respecto de la naturaleza de los beneficios tributarios, atendidas las características particulares de cada donante y con ciertas limitaciones, se permitirá en algunos casos descontar como gasto, en forma total o parcial, el monto donado y en otros aprovecharlo como crédito.

 

Este proyecto dispone un régimen de carácter excepcional, ya que las donaciones que se efectúen al amparo de esta ley no se sujetan a los límites globales que existen en materia de franquicias a las donaciones establecidos en el artículo 10° de la ley N° 19.885.

 

Finalmente, se trata de un beneficio limitado en el tiempo que en el caso de esta emergencia tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010 -prorrogable mediante decreto supremo- y en el evento de futuras catástrofes, tendrá la vigencia que el respectivo decreto supremo declare.

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