Instan al Ejecutivo para que incorpore en políticas públicas de internet criterios internacionales sobre libertad de expresión

Solicitar al Ejecutivo para que incorpore en el desarrollo de las políticas públicas sobre regulación de Internet, los criterios contenidos en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión, es el principal objetivo del proyecto de acuerdo que anunciaron los senadores José Antonio Gómez, Alejandro Navarro y Ricardo Lagos Weber.

Los parlamentarios explicaron que la iniciativa, que deberá ser sometida al pronunciamiento de la Sala del Senado, se fundamenta en que el pasado 1 de junio de 2011, "el relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión; Frank LaRue; la representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE; la relatora especial de la OEA para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino; y la relatora especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de DD.HH y de los Pueblos, CADHP, Faith Pansy Tlakula, adoptaron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet".

Añadieron que "los personeros enfatizaron la importancia fundamental de la libertad de expresión como una herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo. Asimismo, en la Declaración se destaca el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez incrementa la capacidad de acceder a la información y fomentar el pluralismo".

Los legisladores destacaron que la Declaración contempla como principio general "que la libertad de expresión se aplicará a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en ese medio solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares mundiales que disponen, y que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional".

En ese sentido, los autores del proyecto de acuerdo dijeron que "la autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida. Además, deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet, alfabetización digital".

Agregaron que la Declaración señala que "los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo".

En lo fundamental, el proyecto de acuerdo establece que "solicitar al  Presidente de la República, Sebastián Piñera, pueda instruir al Ministro de Economía y al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que puedan incorporar en el desarrollo de las políticas públicas referidas al acceso, uso y regulación de Internet los criterios, y recomendaciones contenidas en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, adoptada en junio recién pasado por diversos relatores de organismos internacionales".