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  Representan al Ministerio del Interior el malestar y repudio por accionar de fuerza policial en protesta contra Hidroaysén

  En forma unánime el Senado aprobó un proyecto de acuerdo en el que exige las explicaciones del caso y solicita que se ordenen las investigaciones correspondientes.

17 de mayo de 2011

El Senado acordó representar al Ministerio del Interior el malestar y repudio por el accionar de la fuerza policial en las protestas contra Hidroaysén y declaró que los hechos ocurridos "representan un claro e inaceptable abuso de poder policial", por lo que exigió las explicaciones del caso y solicitó que se ordenen las investigaciones sumarias o sumarios administrativos que correspondan, "sin perjuicio de la responsabilidad política que debiera asumir el alto mando policial y las autoridades políticas a cargo de orden y seguridad interior del Estado".

 

Lo anterior, al aprobar en forma unánime un proyecto de acuerdo presentado por el Presidente de la Cámara Alta, Guido Girardi, y los senadores Ximena Rincón, Carlos Bianchi, Camilo Escalona,  José Antonio Gómez, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.

 

En el texto, los legisladores señalan que la actuación de las fuerzas policiales durante las manifestaciones en contra de las centrales hidroeléctricas en Aysén "evidencian un uso excesivo, desmedido y desproporcionado de la fuerza policial incompatible con un estado libre y democrático de derecho".

 

La representación de malestar fue dirigida al Ministerio del Interior, teniendo en consideración que en Chile las fuerzas policiales tienen dependencia política y administrativa de dicha cartera y que su actuar está regido y subordinado a las reglas de convivencia establecidas en un estado de derecho.

 

Los autores de la iniciativa recordaron que tras la aprobación de las centrales hidroeléctricas de Aysén, se generaron espontáneamente una serie de manifestaciones y expresiones de protesta y de descontento en diversas ciudades del país, constatándose "lamentables episodios de violencia policial excesiva de represión a las manifestaciones de descontento y rechazo al proyecto".

 

A modo de ejemplo, señalaron que en Santiago se produjo la detención de varias personas, entre ellos la del diputado independiente Sergio Aguiló, y de la ecologista y ex candidata presidencial Sara Larraín, y agregan que la jueza consideró estas detenciones como ilegales y ordenó a la Fiscalía investigar los hechos dándole un plazo de 60 días.

 

Asimismo, manifestaron que en Coyhaique, "se produjeron hechos de inusitada violencia y represión policial raramente vistos en dicha zona, luego que alrededor de 500 personas que esperaban la decisión de la Comisión, presidida por la intendenta Pilar Cuevas, diez seremis de la zona y el director interino del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), manifestaran su rechazo a la decisión adoptada a la salida de la sesión, ante lo cual el personal policial apostado reprimió a los manifestantes por medio de carros lanza aguas, gases lacrimógenos, y valiéndose de la caballería policial que aplastó a manifestantes que protestaban sentados".

 

El proyecto de acuerdo aprobado por el Senado también señala que en "Valparaíso, más de 3 mil personas participaron de una marcha pacífica en la Plaza Sotomayor que avanzó más tarde por la avenida Pedro Montt, intentando llegar hasta las afueras del Congreso Nacional, lo que motivó la intervención policial y el uso de los medios disuasivos ya señalados".

 

Los senadores precisaron que "similares manifestaciones de protesta se registraron en las ciudades de Valdivia, Talca, Chillan, Temuco, Puerto Montt, Antofagasta y Copiapó en las que también la represión impidió realizar las protestas".

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