Sernac financiero tendría las mismas limitaciones que el actual servicio destinado a proteger a los consumidores
Así lo manifestó el senador Pedro Muñoz quien solicitó al gobierno impulsar una institucionalidad que realmente tenga las facultades para defender los derechos de consumidores y usuarios.
10 de mayo de 2010
Avances concretos en materia de protección a los consumidores y usuarios de servicios solicitó al Ejecutivo, el senador Pedro Muñoz Aburto, quien manifestó que la creación de un Sernac financiero, solo será un "volador de luces" si cuenta con las mismas restricciones que el actual servicio nacional del consumidor.
Explicó que crear una nueva entidad con las mismas limitaciones que el actual Sernac no es un aporte real a la protección de los ciudadanos en las operaciones comerciales o financieras.
Sostuvo que "Sernac ha demostrado utilidad como fuente de información sobre precios y consumo y, más recientemente, como impulsor de acciones colectivas, pero muestra graves falencias en los procedimientos concretos de reclamo, donde carece de suficientes atribuciones".
Agregó que "el actual servicio de protección al consumidor no tiene capacidad para obligar a los proveedores a aceptar la mediación ni facultades sancionatorias, lo que le resta fuerza en la defensa de los consumidores y usuarios". Por lo tanto, "si se va a reproducir esta misma figura el avance es nulo."
El senador Muñoz llamó al Ejecutivo a rectificar y profundizar su propuesta para lo cual propuso fortalecer el Sernac transformándolo en una agencia estatal con facultades sancionatorias directas, al modo de la Dirección del Trabajo, cuyas decisiones sean apelables a la justicia para mantener la doble instancia.
Indicó que una propuesta de esta naturaleza sí constituiría un aporte en la defensa de los consumidores y usuarios del país, avanzando derechamente en castigar los abusos y brindado a las personas un apoyo concreto y no procedimientos de mediación estériles como los actuales que, en la gran mayoría de los casos, se transforman en una pérdida de tiempo y culminan sin poder acercar a las partes.
"Así como está concebida la iniciativa del Gobierno parece más una fórmula para legitimar las arbitrariedades con una apariencia de protección, en lugar de brindar un apoyo serio, eficaz y oportuno a los consumidores y usuarios vulnerados en sus derechos en las operaciones financieras y mercantiles", finalizó.