Solicitan al Estado revisar licitación y privatización de empresas sanitarias

Por tratarse de un recurso estratégico y de escasez como el agua los senadores de la Alianza Antonio Horvath, Lily Pérez, Francisco Chahuán, José García y los independientes Carlos Cantero y  Carlos Bianchi enviaron al ministro de Economía un oficio solicitando que se tenga a bien revisar la licitación y privatización de la fracción que tiene el Estado en las empresas sanitarias Esval; Esbbio y Essal.

El senador Horvath indicó que "hemos señalado formalmente al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y al Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, la revisión de la decisión licitar la  porción que le queda al Estado en las empresas sanitarias Esval, Esbbio y Essal".

El parlamentario señaló que han realizado esta petición en base a "la conveniencia de que el Estado reserve para sí esta porción del patrimonio estratégico, que se refiere al agua y que asocie de acuerdo a sus facultades. Lo que hemos ido incorporando gradualmente en la planificación estratégica y en el manejo integrado de cuencas".

Este instrumento, explica Horvath "permite en forma participativa incorporar a los distintos ocupantes de las cuencas; garantizar un uso más eficiente del agua, ya sea consultiva o no consultiva, por parte de las empresas sanitarias; de los agricultores; de los ganaderos; de las empresas hidroeléctricas; de las áreas de conservación; de las áreas del turismo, entre otras".

Los parlamentarios autores del oficio señalaron que en el caso que el gobierno persista en esta venta, los fondos recaudados deberían ser utilizados preferentemente utilizados en asegurar el agua, sobre todo en las áreas de mayor escasez y también en el uso de estos instrumentos de plantificación territorial, a fin de actualizar los métodos que permiten generar una mejor tarifa y garantizar una mejor condición precio- calidad para los clientes".

MOCIÓN 

A su turno, el senador Pedro Muñoz, junto a sus pares Isabel Allende y Camilo Escalona, presentó un proyecto que establecía que  la participación del sector público en la propiedad de las sanitarias no  fuera inferior al 51%. No obstante, la iniciativa fue declarada inadmisible por corresponder a materias de exclusiva facultad del Ejecutivo.

El parlamentario fundamentó la iniciativa en "el creciente valor estratégico que el agua tendrá en el futuro a consecuencia del cambio climático y la inadecuada gestión de los recursos hídricos  al amparo de una legislación privatista, que ha sido incapaz de asegurar la primacía del bien común por sobre los intereses individuales de los grupos de interés".

Puntualizó que "lo anterior ha resultado en que las cuencas se encuentras sobre explotadas, a la vez que se aprecia una enorme concentración, con el 90% de los derechos de aprovechamiento no consuntivos pertenecientes a sólo 3 empresas generadora".

Recordó que "la Presidenta Michelle Bachelet propuso al Parlamento una reforma constitucional que declaraba el dominio público sobre todas las aguas, incluyendo las subterráneas y los glaciares que trataba de recoger, con rango constitucional, las antiguas normas del Código Civil que habían sido desvirtuadas por el Código de Aguas, junto con asegurar un marco que permitiera un mayor margen de acción al Estado para garantizar los derechos de todos, especialmente ante situaciones graves de desabastecimiento".

Lamentablemente, dicha reforma no fue aprobada y el actual Gobierno no sólo ha desistido de perseverar en su trámite, sino que anunció la decisión de enajenar la participación que aún queda en poder del Estado de las empresas sanitarias cuya porción mayoritaria había sido privatizada al finalizar la década de los '90, esto es Aguas Andinas, Esval, Essbío y Essal, indicó.

Por otro lado, el senador Alejandro Navarro reiteró su absoluto rechazo a la decisión de la venta de las acciones de Essbio por parte del gobierno y señaló que "en todo caso lo peor de esta situación, además de los impactos que tendrá este medida en el presupuesto de las familias de la región, es el grado de confusión y poca claridad que hay respecto de los usos y destinos que tendrán esos millonarios recursos".

El legislador recordó que "inicialmente se nos dijo que esas platas serían para la reconstrucción, luego que se usarían para la extensión del Metro de Santiago, y ahora nos dicen que buscarán recapitalizar empresas del Estado y apoyar las pymes, pero en definitiva no hay nada claro. A ello se suman los actos de populismo y demagogia que plantean la posibilidad de que esos recursos queden en la región, a sabiendas de que ello no es posible y que no pasará, porque cada peso irá a parar a las arcas fiscales con destino incierto".