Acuerdan exigencia de acompañar un certificado de informaciones previas a la solicitud de regularización

En condiciones de ser visto por la Sala está el proyecto que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, para resguardar derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz.

Esto luego que los integrantes de la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias entre los senadores y diputados sobre esta iniciativa, se reunieron y elaboraron un acuerdo que será plasmado en un informe que deberá estudiar la Sala.

Cabe recordar que el texto tuvo su origen en una moción del senador Manuel José Ossandón y los ex legisladores Lily Pérez San Martin y Eugenio Tuma. Su objetivo es establecer los resguardos necesarios para evitar que, quienes tienen legítimos derechos respecto de un inmueble, los pierdan como consecuencia de la aplicación del procedimiento sobre saneamiento de la pequeña propiedad raíz, cuando el requisito de poseedor regular de la propiedad se ha obtenido en forma fraudulenta.

El pasado martes 31 de julio, los legisladores se juntaron y eligieron como presidente de la instancia al senador Carlos Montes. Tras el encuentro, una de las integrantes de la Comisión, la senadora Carmen Gloria Aravena explicó que “se llegó a un buen acuerdo respecto a los puntos en que existían discrepancias”.

“Quiero destacar que en la Cámara de Diputados se hizo una solicitud de manera que se certificado de información previa sea obligatorio para regularizar un inmueble ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Nosotros agregamos que este requisito sea tanto a nivel rural como urbano. De esta forma, las personas que deseen regularizar su propiedad deberán ir a la Dirección de Obras del municipio respectivo a solicitar este documento. Esto permitirá que la citada cartera no siga regularizando loteos irregulares y, por otra parte, los municipios tomen conocimiento de estos asentamientos “, describió la legisladora.

Otro acuerdo que se alcanzó en la Comisión Mixta fue el compromiso del Ejecutivo de realizar una modificación más amplia a la ley, de manera que se envíe un mensaje para introducir cambios al Decreto Ley 2.695, que fija las normas para regularizar la posesión y dominio de la pequeña propiedad agrícola. Este decreto del Ministerio de Bienes Naciones ha sido mal utilizado para regularizar la propiedad de loteos brujos o subdivisiones de terrenos agrícolas con fines habitacionales, lo cual no está permitido por la ley.

Al respecto, el titular de esa secretaría de Estado, Felipe Ward mencionó que “estamos satisfechos con el trabajo realizado por esta Comisión Mixta, agradezco a los senadores y diputados que la integran. Ellos han comprendido que esto va en beneficio de la gente. Queremos seguir regularizando títulos de dominio y frenar los loteos irregulares, de manera de darle más certezas a los dueños”.

“En la Región Metropolitana hemos contabilizado 614 loteos y en regiones son más menos unos 500. Por eso firmamos un convenio con 345 municipios para declarar la guerra a los loteos irregulares. Muchos especuladores en todo el país, se enriquecen y engañan a miles de chilenos que compran terrenos para construir sus viviendas en zonas donde no se puede regularizar”, hizo ver.

El principal nudo de la discusión estaba en la incorporación de los loteos irregulares en la la ley N° 20.234 (aquella que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos).

Tal como menciona la senadora Aravena, los diputados incorporaron una norma que añade la exigencia de acompañar un certificado de informaciones previas a la solicitud de regularización, cuando se trate de predios ubicados en áreas urbanas.

Esta idea fue rechazada por el Senado en su oportunidad. La argumentación que se entregó fue que dicho certificado no se justificaría, pues se relaciona con aspectos de la construcción y lo que se intenta normalizar es la propiedad. Además, se mencionó que nuevo requisito significaría un mayor desembolso para las familias y alargar el procedimiento en al menos un mes.

Ahora la Comisión Mixta acordó sumar este requisito al proyecto e incluso establecer su presentación con ocasión de la regularización de propiedades urbanas y rurales.