A la Cámara proyecto que prorroga por dos años los beneficios forestales

Dejando constancia de la necesidad de perfeccionar el instrumento de fomento forestal del Decreto Ley 701 de 1974, el Senado despachó el articulado del proyecto que prorroga la vigencia de dicho decreto hasta el 1 de enero de 2013 y que aumenta los incentivos a la forestación.

En tanto, la norma que suprime la existencia de un plazo para que el Ejecutivo envíe a tramitación al Parlamento el proyecto definitivo que reformulará el decreto se aprobó por 30 votos a favor y dos abstenciones.

De este modo, la iniciativa que incorpora por primera vez, el concepto de mediano propietario forestal, quedó en condiciones de ser analizada por la Cámara de Diputados, en su tercer trámite.

Intervinieron los senadores Antonio Horvath, Ximena Rincón, Alejandro Navarro, Eugenio Tuma, Juan Antonio Coloma, Alberto espina, Jaime Quintana, Hernán Larraín, Andrés Zaldívar, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber, Mariano Ruiz Esquide y Baldo Prokurica. Además del ministro de Agricultura, José Antonio Galilea.

El senador Antonio Horvath dejó constancia de su preocupación por el tope máximo de 100 hectáreas anuales que se permitirán forestar, porque "en la zona austral, por sus especiales características hay pequeños propietarios forestales y tienen 600 hectáreas muchas de las cuales no tienen otro destino que la explotación forestal".

Compartió esta preocupación la senadora Ximena Rincón, quien precisó que "este tope de 100 hectáreas restringe la competitividad de los pequeños y medianos empresarios".

A su turno, el senador Alejandro Navarro, reiteró que además que están pendientes las modificaciones a la CONAF, que "siendo una institución privada recibe recursos públicos" y la definición de los mecanismos de consulta a los pueblos originarios según lo dispone el Convenio 169 de la OIT.

El senador Eugenio Tuma valoró el concepto de focalización de los recursos que contempla este proyecto y solicitó que se le entregue la misma orientación a otros programas tales como, Prodesal y la Comisión Nacional de Riego.

En tanto, el senador Juan Antonio Coloma, destacó "la enorme tasa de retorno" que ha significado este subsidio desde su creación en 1974. Asimismo defendió el tope de 100 hectáreas para la bonificación ya que "se mejora la focalización del subsidio porque lo que se pretende es gastar de mejor forma los recursos".

El senador Alberto Espina destacó el rol del gobierno en la prórroga del decreto 701 porque "se resuelven varios problemas que afectaban a las comunidades indígenas que recibían sus predios pero no podían postular a los subsidios porque sus anteriores propietarios ya lo habían recibido". Además manifestó su inquietud porque los mecanismos de consulta a dichas comunidades no deben entorpecer la tramitación de los proyectos.

Por su parte, el senador Jaime Quintana, coincidió en el sentido de que se debe generar un mecanismo de consulta para la participación de las comunidades indígenas. Además expresó su esperanza de que la modificación profunda de los mecanismos de bonificación forestal también se haga cargo de una serie de otros temas como son: los problemas en el sector frutícola, la incorporación de la biomasa y la desertificación.

El senador Hernán Larraín valoró el criterio de focalización que incluyó el gobierno en este instrumento de bonificación y mencionó que "las políticas de subsidio pueden ser muy exitosas y no solo cuando son de carácter social". Mencionó que también queremos dar una respuesta a los mecanismos de consulta a las comunidades indígenas.

En tanto, el senador Andrés Zaldívar, aseveró que "este decreto ha sido de gran apoyo al desarrollo forestal  y desde su aplicación en 1974, Chile ha pasado a ser uno de los más grandes productores de celulosa". Por ello, advirtió que el límite que se impone a las 100 hectáreas va a dejar fuera a numerosos pequeños y medianos propietarios forestales.

A su turno, el senador Camilo Escalona, hizo énfasis en que "este proyecto no se acomoda a la realidad de la Región de Los Lagos o de las provincias de Chiloé y Palena" porque "las comunidades indígenas carecen de títulos de dominio y no han resuelto sus demandas de tierras", en comunas como la de Quellón donde "solicitan la restitución de unas 40 mil hectáreas del Parque Tantauco, propiedad del Presidente de la República".

El senador Ricardo Lagos Weber,  recalcó que "soy partidario de acotar y focalizar el beneficio, pero hay que aclarar cuándo un propietario forestal es pequeño, mediano o grande, porque no es lo mismo 100 hectáreas en el sur que en la zona central", por lo que se mostró partidario de crear dos fondos. Agregó que también debe resolverse el tema del impuesto territorial porque "no se ha llegado a acuerdo en cuanto a cómo tributar".

Por su lado, el senador Mariano Ruiz- Esquide recordó que si bien el decreto 701 ha favorecido al país y a las empresas forestales también "ha provocado la pérdida de tierras agrícolas y los trabajadores han enfrentado desmedradas condiciones laborales". No obstante, respaldó este proyecto con la condición de que el gobierno se comprometió a reformular este instrumento.

El senador Baldo Prokurica desestimó las críticas a este proyecto y señaló que sí ha contribuido a la ruralidad y para enfrentar el proceso de desertificación sobre todo en el norte. Destacó además "el pequeño aporte que ha significado este subsidio en comparación a los miles de millones de dólares que se han destinado a proyectos como el Metro o el Transantiago, aunque en este último caso han ido a un fondo perdido".

Finalmente, el ministro José Antonio Galilea recordó que esta es una prórroga por dos años del decreto ley 701 y que el gobierno enviará un proyecto definitivo. No obstante, señaló que esta iniciativa va a focalizar el beneficio en los pequeños y medianos propietarios.

En lo fundamental, el proyecto  incluye entre los beneficiarios a los pequeños y medianos propietarios forestales, éstos últimos fueron definidos como  personas naturales y jurídicas y comunidades que no cumplan con los requisitos establecidos en la definición de pequeño propietario forestal y cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro no excedan las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario.

Este segmento de beneficiarios podrá acceder al 75% de bonificación sobre su costo total. Asimismo, se mantiene la clasificación "Otros" para quienes no quepan en las dos categorías mencionadas, cuya bonificación es el 50% de los costos totales de las actividades bonificables.

Por otro lado, fija para las tres categorías una superficie bonificable anual máxima de 100 hectáreas y dispone beneficios que hacen una excepción al régimen general para las personas indígenas, comunidades indígenas o una parte de éstas que accedan o hayan accedido a compras o subsidios de tierras en virtud de lo dispuesto por la ley N° 19.253, anteriormente bonificadas, legitimándolas para optar al beneficio, siempre que no se trate de bosques explotados y aprovechados por personas indígenas, comunidades indígenas o una parte de éstas.

Prescribe que las mismas personas y, en las mismas circunstancias, podrán optar por la desafectación de terrenos de aptitud preferentemente forestal, en conformidad al artículo 7° del decreto ley N° 701, de 1974, sin obligación de reintegrar las sumas que se hayan dejado de pagar en virtud de franquicias tributarias o bonificaciones otorgadas.

A su vez, faculta a la Corporación Nacional Forestal para llevar un Registro de Operadores Forestales, de carácter público, que será regulado por un reglamento y prorroga la vigencia de los reglamentos del decreto ley Nº 701, de 1974, mientras no se dicten nuevas normas sobre la materia.