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  Comisiones de Hacienda y Agricultura analizarán articulado del proyecto que prorroga beneficios para la forestación

  Senado respaldó legislar sobre la iniciativa pese a que persisten las dudas respecto al sistema de consulta que se debe aplicar a las comunidades indígenas, según lo establece el Convenio 169.

7 de diciembre de 2010

Por 22 votos a favor y 5 abstenciones, el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que prorroga la vigencia del decreto ley N° 701, hasta el 1 de enero de 2013 y que aumenta los incentivos a la forestación. La iniciativa quedó con plazo para realizar indicaciones hasta el 13 de diciembre y  durante el debate del articulado deberá ser analizado por las Comisiones Unidas de Agricultura y de Hacienda, ya que la petición para que fuera visto además, por la Comisión de Constitución fue rechazada.

 

Durante el debate intervinieron los senadores Alberto Espina, Baldo Prokurica, Juan Antonio Coloma, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvath, Soledad Alvear, Hernán Larraín, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma, Alejandro Navarro, Ximena Rincón y Jaime Quintana.

 

Los parlamentarios debatieron sobre los principales aspectos de la bonificación a la forestación y también sobre la necesidad de explorar un sistema de consulta a las comunidades indígenas cuando se trata de proyectos que les atañen, según lo dispone el Convenio 169.

 

El senador Alberto Espina, en su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura entregó una detallada cuenta del proyecto y recordó que el beneficio actual vence el 1 de Enero próximo y esta ley prorroga sus beneficios hasta el 1 de enero de 2013,  por lo tanto en este periodo el Ejecutivo podrá enviar a trámite una reformulación completa a este beneficio a la forestación del país que rige desde 1974.

 

No obstante, destacó que ahora "se incorpora el concepto de mediano propietario forestal aplicado a personas naturales y jurídicas y a las comunidades que cumplan con requisitos establecidos, cuyas ventas no superen las 100 mil unidades de fomento en el último año calendario y se fija una superficie bonificable anual máxima de 100 hectáreas".

 

Además se permitirá a las comunidades indígenas acceder a este beneficio aunque los predios traspasados ya hayan tenido el beneficio forestal.

 

Asimismo respecto a los procesos de consulta que se han realizado con las comunidades indígenas, el senador Espina dijo que el Ejecutivo ha fijado un criterio, sin perjuicio de que el Parlamento puede perfeccionarlo. Sin embargo, recalcó que "lo importante es que este proceso de consulta a las comunidades no se transforme en un obstáculo para legislar".

 

El senador Baldo Prokurica destacó el beneficio que ha generado este inventivo a la forestación que lleva casi 40 años de vigencia. Además, descartó que solo las grandes empresas accedan a la bonificación y valoró que se proponga un perfeccionamiento a la iniciativa incorporando a los pueblos originarios.

 

En tanto, el senador Juan Antonio Coloma, coincidió con su par porque el "Decreto 701, desde su implementación en 1974 ha significado la reforestación de 1 millón 400 mil hectáreas". Valoró además que se cree una nueva categoría de mediano empresario  y se incorpore a las comunidades indígenas.

 

El senador Juan Pablo Letelier se refirió a los alcances de los procesos de consulta que establece el Convenio 169 y aclaró que dichas obligaciones rigen cuando se trate de iniciativas legislativas que afecten directamente a las comunidades indígenas, "pero aquí se trata de una de una ley general que dispone beneficios especiales para ellos". Asimismo manifestó su interés de generar incentivos similares para el sector frutícola.

 

A su turno, el senador Antonio Horvath detalló que Chile tiene "un potencial para forestar entre 3 y 4 millones de hectáreas  y uno de los desafíos más grandes es enfrentar el proceso de erosión y desertificación". Por ello llamó a perfeccionar este incentivo, evitar las trabas burocráticas y los procesos administrativos que impiden hacer uso del beneficio.

 

La senadora Soledad  Alvear, en su calidad de presidenta de la Comisión de Constitución indicó que está pendiente el pronunciamiento sobre la consulta que le realizó su similar de Agricultura respecto al sistema de comunicación con las comunidades indígenas cuando se trate de proyectos que les afecten positiva o negativamente. Aseveró que hasta el momento el sistema es insuficiente y se debe proceder a su consulta.

 

A su vez, el senador Hernán Larraín coincidió en que hay que perfeccionar los procesos de consulta a los pueblos originarios y  valoró "el esfuerzo que hace el Ejecutivo por prorrogar esta norma que ha sido positiva para nuestro desarrollo forestal y económico, ya que a lo largo de su vigencia se han invertido 498 millones de dólares, pero el sector forestal aporta el 3,1% del PIB y el 7,8% de las exportaciones y da empleo directo a 130 mil personas".

 

Una opinión distinta manifestó el senador Mariano Ruiz- Esquide quien explicó que "si bien es una iniciativa importante no puede apoyar un proyecto que ha significado, al menos en la Octava Región, terminar con la agricultura y que ha generado las peores circunstancias para los trabajadores".

 

El senador Hosaín Sabag destacó los beneficios del Decreto 701 y recordó que "ninguna otra bonificación del Estado ha rendido los frutos de este instrumento, se ha bonificado con miles de millones al Transantiago y otras industrias y no hemos visto nada". Aclaró que "aquí no se bonifican los terrenos de calidad agrícola sino fundamentalmente los suelos erosionados que no tenían ninguna otra posibilidad".

 

El senador Eugenio Tuma señaló que sin duda "éste ha sido un instrumento positivo para la actividad forestal pero negativa para la población rural, ya que se han ocupado importantes áreas para la reforestación lo que implica que la población se desplaza junto con las escuelas a las ciudades". Por ello, pidió una mayor fiscalización y evitar que se ocupen terrenos agrícolas.

 

Por su parte, el senador Navarro aseguró que este es un tema complejo porque afecta a los pequeños agricultores y a las comunidades indígenas. Reclamó además porque las empresas forestales no pagan el impuesto territorial y "las comunas más pobres siguen esperando que se les pague el 40% del impuesto territorial y que las empresas han eludido".

 

A la vez, la senadora Ximena Rincón destacó que "después de tres décadas de vigencia, este decreto ha significado que le quiten presión al bosque nativo. Sin embargo, entre la Región del Maule y Los Lagos hay 3,4 millones de hectáreas con erosión que solo pueden ser usadas para forestación  y la mayoría pertenece a pequeños y medianos productores". No obstante, consideró que el beneficio para los pequeños agricultores todavía es insuficiente y se requiere una modificación más profunda que el Decreto 701.

 

Finalmente, el senador Jaime Quintana aseguró que "no podemos dejar de prorrogar este Decreto pero hay que hacer las cosas bien". Aludió así a la necesidad de realizar la consulta a los pueblos indígenas porque "cuando ratificamos el Convenio 169 estábamos conscientes del compromiso adquirido". Agregó que "una cosa es lo que haga el gobierno y otra lo que haga cualquier otro poder del Estado".

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