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  Organizaciones agrícolas rechazan costos que significaría Convenio para la Protección de Obtenciones de Vegetales

  La Comisión de Agricultura recibió a representantes de varias organizaciones agrícolas y al Ministro del ramo, José Antonio Galilea, quienes entregaron su opinión sobre este acuerdo y también sobre el proyecto que prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad.

12 de abril de 2011

Diversas asociaciones agrícolas y gremiales expusieron su visión crítica ante la Comisión de Agricultura, sobre el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales de diciembre de 1961 y revisado en Ginebra en 1991, ya que significaría costos extras en patentes, para los pequeños productores.

Durante la exposición, los representantes de las organizaciones sociales, ONG Grain y la Fundación Terram, se manifestaron en contra de la aprobación del convenio. En cambio, el Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, expresó su conformidad para que Chile se adhiera a tal acuerdo internacional.

Asimismo, la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile, ANPROS, apoyó el convenio y señaló que "ha trabajado durante años para que este proyecto y el que regula obtenciones vegetales sean aprobados por el Congreso, a objeto de mantener la competitividad de nuestro país y ofrecer más y mejores variedades a los agricultores, que es lo que exigen hoy".

Al respecto, el presidente de la Comisión de Agricultura, José García Ruminot, expresó que "no quisiera que Chile fuera dependiente de la propiedad intelectual de otros países y tuviéramos que pagar cifras siderales por esos derechos, porque eso finalmente lo pagarán los consumidores y productores.  Hay que revisar el proyecto y cumplir con los tratados internacionales, Chile tiene fama de cumplidor, pero tenemos que velar que en UPOV ´91 nuestra agricultura salga también fortalecida".

Añadió que "lo que hace este convenio es otorgar un marco para proteger las variedades vegetales y obviamente, en la medida que se usan para reproducirse, hay que pagar una propiedad intelectual por ellas.  Pero hay que ver cuál será el costo que esto significa para nuestra agricultura".

Por estas razones, el senador García Ruminot informó que la próxima semana seguirán escuchando opiniones de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de organizaciones que representen a los pequeños agricultores.

Cabe señalar que la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización de carácter intergubernamental, de la que Chile es parte desde 1996.  Dicha Unión, fue establecida en el año 1961 por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

"Este proyecto de acuerdo se trata de la adhesión de Chile a UPOV ´91, que es un convenio al que estamos obligados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y con Japón", explicó el senador.

PLAGUICIDAS

En tanto, otras organizaciones agrícolas y sociales junto al alcalde de Quillota, Luis Mella Gajardo, también expusieron ante la Comisión de Agricultura, sus distintas visiones acerca del proyecto de prohíbe el uso de plaguicidas altamente peligrosos.

La Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas América Latina (RAP-Al) y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) coincidieron en que estos productos afectan a la población que está ubicada cerca de las industrias que utilizan esta clase de productos tóxicos.

En cambio, representantes de la Compañía  Transnacional de Venta de Semillas y Plaguicidas de Uso Agrícola y Doméstico (SYNGENTA S.A), sostuvieron que más allá de eliminar el compuesto químico de estos tóxicos, hay que estar atentos a cómo se emplea correctamente la fórmula, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Al respecto, el alcalde de Quillota, Luis Mella comentó que "no se pueden correr más riesgos con la vida de las personas, hay muchos intoxicados por año, con daños crónicos, se necesita una mayor fiscalización a las empresas y más educación para los trabajadores que operan estos plaguicidas".

El alcalde Mella, recordó que la Municipalidad de Quillota presentó un recurso de protección para los niños de una escuela de la zona que recibieron una fumigación con azufre, realizada por un avión no autorizado y en horarios de clase.

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