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¿Incorporar peritos externos a la Dirección de Aguas para agilizar sus procesos o fortalecer la actual institucionalidad?

Esa pregunta intentan responden los congresistas que revisan diversos puntos aprobados del proyecto de inversión. La semana pasada, la Sala solicitó que se genere un nuevo segundo informe donde se concilien los cambios que se introducen al Código de Aguas.

19 de octubre de 2019

Apelando a la suma urgencia con que cuenta el proyecto que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión; los integrantes de las comisiones de Economía y Medio Ambiente unidas se encuentran debatiendo cuatro puntos en los que estas instancias han manifestado discrepancias.

 

Imagen foto_00000002En una pasada sesión ordinaria, los legisladores hicieron ver la necesidad de volver a debatir lo relacionado con las centrales eléctricas, pertinencia, caducidad y el rol de la Dirección General de Aguas (DGA). En la sesión que se celebrará el martes 22 de octubre, se espera que se sometan a votación las indicaciones de las materias señaladas.

 

Esto porque en la Comisión de Economía, el Ejecutivo habría propuesto eliminar del texto todo lo relacionado con el Código de Aguas, sin embargo, en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales las disposiciones se habrían repuesto y aprobado.

 

En concreto, la discusión se centra en el rol de la DGA. Hoy la ley indica que toda cuestión o controversia relacionada con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento y que de acuerdo con este código sea de competencia de la Dirección General de Aguas, deberá presentarse ante la oficina de este servicio del lugar, o ante el Gobernador respectivo.

 

Imagen foto_00000014El Ejecutivo en este mensaje, propone que las controversias en materia de aguas sean analizadas por un perito externo al Ministerio de Obras Públicas (MOP), de manera de agilizar los procesos. Los legisladores oficialistas apoyan este cambio legislativo.

 

De hecho el texto que también fue respaldado por la Comisión de Hacienda, plantea que “a solicitud del interesado, el informe técnico podrá ser elaborado por un perito externo, sea éste persona natural o jurídica, designado de manera aleatoria por la DGA, el que deberá encontrarse previa y debidamente inscrito en el Registro de Peritos Externos a cargo de dicha Dirección”.

 

Desde la otra vereda, los senadores opositores consideran que introducir una figura externa solo debilita la institucionalidad de la DGA, que en tiempos de estrés hídrico, debería profesionalizarse para enfrentar los nuevos desafíos.

 

PROYECTO

 

Imagen foto_00000004La norma en debate es un proyecto misceláneo, por lo que hace referencia a distintas materias. En cuanto al recurso hídrico, se establece que la DGA podrá disponer de un sistema informático para recibir y tramitar digitalmente toda presentación de cualquiera cuestión o controversia sometida a su conocimiento, pudiendo efectuarse digitalmente las notificaciones, si así lo hubiese expresamente requerido el solicitante.

 

Además faculta al interesado para solicitar que la elaboración del informe técnico sobre la cuestión o controversia sometida al conocimiento de la DGA, sea realizada por un perito externo designado de manera aleatoria por la Dirección, el que deberá encontrarse previa y debidamente inscrito en el Registro de Peritos Externos a cargo de la misma y cuya actuación se regula.

 

DEBATE

 

Durante la sesión, el senador Felipe Harboe hizo ver que “se nos dice que esta iniciativa busca acelerar los procesos que ejecuta la DGA. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Usando la dotación pública o la externalización? Hay que tener un diagnóstico claro respecto a dónde está las fallas. Es decir, qué procesos hacen que exista demora en la resolución de controversias. Creo que lo de los peritos pasa por una inspección ocular pero la tramitación administrativa es un tema que habla de la necesidad de modernizar la dirección”.

 

En esa dirección, la senadora Isabel Allende argumentó que “la DGA es fundamental para enfrentar la crisis hídrica. Estoy por fortalecerla en todas sus atribuciones, tal como ya se hizo en una ley el año pasado. Creo que se deben poner los esfuerzos en el presupuesto para contratar profesionales y respetar la carrera funcionaria”.

 

Luego la senadora Ximena Rincón reclamó al Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, la actitud del Ejecutivo a la hora de tramitar el proyecto. “En la Comisión de Economía se nos dijo que todo lo de la DGA no iba a correr, pero ahora encontramos con un texto que aprueba la figura de los peritos externos. Pediría que para una próxima ocasión se sincere y transparenten los procedimientos”, aclaró.

 

“Creo que el tema de agua hay que abordarlo como país, más allá del gobierno de turno. En la búsqueda de una solución a la crisis, pienso que debilitar el Estado no es el camino. Tenemos una DGA  que no da abasto con todos los permisos y requerimientos que debe responder. Creemos que el agua no debería escasear si se administra bien”, manifestó.

 

Por su parte, el senador David Sandoval hizo mención a la recién conformada Mesa Nacional de Agua que propondrá un plan para hacer frente a la crisis hídrica, la que cuenta con profesionales y expertos de diversas disciplinas, entre ellos los senadores Isabel Allende, Luz Ebensperger, Guido Girardi y Rodrigo Galilea.

 

En cuanto a los peritos externos, el congresista recordó que se trata de una práctica habitual que busca acelerar procesos, por lo que hizo un llamado a no desconfiar de esta figura.

 

REMATE DE DERECHOS DE AGUA

 

En otro tema relacionado con la DGA, el vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Obras Públicas, Alfonso De Urresti envió un oficio al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y al director de la DGA, Oscar Cristi, para que remita al Congreso antecedentes por el insólito remate de ríos y esteros en plena crisis hídrica revelado en una nota de El Mostrador.

 

De acuerdo al reportaje, la DGA programó 38 remates de derechos de aguas de ríos y esteros, el 97% de ellos en la región del Biobío, una zona donde los vecinos y comunidades han levantado recursos ante la justicia para evitar la privatización de los ríos Queuco y Renaico.

 

“Nuevamente vemos contradicciones en la política medioambiental del país. Se llama a remate de derechos de agua en la región del Biobío y aunque esté dentro de la legalidad, es inadmisible que un país enfrentado a una sequía brutal, anfitrión de la COP25, las autoridades de medio ambiente sigan permitiendo este tipo de situaciones”, hizo ver el congresista.

En paralelo,

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