Instan al gobierno a equipar el aeródromo de la Isla Robinson Crusoe con una torre de control

Con el fin de otorgar una mayor seguridad en la navegación hacia y desde el archipiélago de Juan Fernández, los senadores Francisco Chahuán y Jaime Quintana presentaron un proyecto de acuerdo donde solicitan al Presidente de la República  que disponga que la Dirección General de Aeronáutica Civil, implemente la infraestructura y equipamiento necesarios, dotando de los recursos humanos y técnicos suficientes al aeródromo de la isla Robinson Crusoe.

En ese sentido estimaron indispensable que el aeródromo cuente con una torre de control, tras la tragedia aérea ocurrida el 2 de septiembre pasado, en la que murieron todas las personas que se encontraban en el interior del avión de la Fuerza Aérea de Chile que se precipitó al mar.

Los legisladores aseguraron que el trágico accidente dejó en evidencia las precarias condiciones en que se encuentra su aeródromo pese a que la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas ha efectuado mejoras a la infraestructura vial de la pista de aterrizaje, ampliando su longitud hasta mil metros aproximadamente e instalando asimismo un refugio para pasajeros.

No obstante, mencionaron que no se ha dotado a este aeródromo de una torre de control que cuente con controladores de vuelo, radio ayudas y centro de informaciones meteorología, lo cual es absolutamente necesario para la segundad de la navegación aérea.

Indicaron que pese a que este aeródromo es de baja frecuencia de vuelos, de igual modo se justifica que sea controlado, ya que ello permitiría una mayor afluencia de aeronaves de pasajeros, ya que esta posesión insular es de gran atractivo turístico, tanto a nivel nacional como internacional.

MEMORIAL

Por otro lado, los senadores Jaime Quintana, Lily Pérez San Martín, Francisco Chahuán, Ricardo Lagos Weber e Ignacio Walker presentaron una moción para erigir un memorial en el honor a las 21 víctimas del accidente aéreo ocurrido en Juan Fernández, el pasado 2 de septiembre.

La iniciativa que fue remitida a la Comisión de Educación para su estudio establece que "la obra será financiada, a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados y se creará una comisión especial, compuesta por integrantes ad-honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley".