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  A un paso de convertirse en ley uso de brazalete electrónico y medidas alternativas a penas de cárcel

  El Senado aprobó en forma unánime la iniciativa, pero durante la votación algunos legisladores plantearon la necesidad de destinar más recursos par la rehabilitación y reinserción.

9 de mayo de 2012

A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, entre ellas, el uso del brazalete electrónico. Ello, luego que la Sala del Senado aprobara en forma unánime el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias que se suscitaron entre ambas cámaras en torno a la iniciativa.

 

Ahora sólo resta que el proyecto sea visado por el Tribunal Constitucional antes de ser remitido al Presidente de la República para su promulgación.

 

En lo fundamental la iniciativa establece cinco medidas sustitutivas a las penas privativas de libertad, entre las que se cuenta la remisión condicional de la pena; la reclusión parcial (que remplaza a la reclusión nocturna); la libertad vigilada; la libertad vigilada intensiva y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

 

El brazalete electrónico podrá ser utilizado en la reclusión parcial y libertad vigilada intensiva, que estén condenados por delitos que no estén en el listado de los que están excluidos de esta medida, por el daño que generan.

 

Además, el proyecto crea 585 nuevos cargos, el 95% de ellos destinados a Delegados que velarán por el cumplimiento de las prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada y la libertad intensiva.

 

DEBATE

 

Durante la votación del proyecto hicieron uso de la palabra los senadores Hernán Larraín, Soledad Alvear, Alberto Espina, Jaime Orpis, Alejandro Navarro, Patricio Walker y José Antonio Gómez, además del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien agradeció el apoyo que brindó el Senado a esta iniciativa.

 

En su calidad de presidente de la Comisión Mixta, el senador Larraín explicó las cuatro divergencias que surgieron entre ambas ramas del Congreso y que fueron zanjadas. La primera de ellas era relativa al plazo para el informe que tiene que dar el delegado respecto de la intervención individual que debe hacer, acordándose un plazo de 45 días.

 

El segundo problema decía relación con el uso de la información derivada del sistema de monitoreo telemático, ya que se había planteado que esta información pudiese ser utilizada cuando un fiscal estuviera conduciendo una investigación distinta, en la que el mismo condenado apareciera como imputado. En este sentido, se acordó plantear que ello pudiese hacerse con autorización judicial.

 

La tercera norma en discusión tenía que ver con la ley de drogas respecto a  la reincidencia y la última dice relación con quien es el juez competente para el cumplimiento de la pena.

 

A su turno, la senadora Alvear dijo que la iniciativa "es un gran avance para lo que son las políticas públicas en materia de control de penas, sin embargo, cuando no existen los recursos necesarios para llevar adelante estas medidas, podemos quedarnos con un muy buen proyecto, pero de difícil implementación". En tal sentido, hizo un llamado al Ejecutivo para que entregue los recursos pertinentes a objeto de que las medidas alternativas puedan cumplirse de manera satisfactoria, e insistió en la necesidad de que exista un servicio distinto.

 

En tanto, el senador Espina destacó que en este proyecto se están invirtiendo más de 50 millones de dólares y constituye "el cambio más importante que se hace en materia de medidas de reinserción social". Junto con agradecer el trabajo transversal que realizaron en la Comisión para sacar adelante una legislación "que a poco andar va a significar un fuerte proceso de reinserción social y disminuir la delincuencia".

 

En una línea similar, el senador Orpis manifestó que esta iniciativa es un cambio de fondo. "Creo profundamente en esta orientación y no quiero que fracase una iniciativa de estas características. Hoy estamos dejando libres a una gran cantidad de personas que no constituyen un peligro para la sociedad en la medida que se rehabiliten". En tal sentido, señaló que el presupuesto entregado al SENDA para la rehabilitación es insuficiente, "por tanto, es indispensable incorporar estos recursos en la Ley de Presupuesto, porque de lo contrario nos va a pasar lo mismo que con la Ley Penal Adolescente".

 

El senador Navarro también destacó los alcances de este proyecto, pero insistió en la necesidad de fortalecer e implementar los programas de rehabilitación y reinserción, para lo cual se hace necesario dotar a Gendarmería de los recursos y herramientas necesarias. "Gendarmería es el eslabón más débil y olvidado de la triada de seguridad pública...se requiere tener una ley de Gendarmería y una política penitenciaria aparte. Es muy positivo este proyecto, pero tenemos una institucionalidad muy débil. Reclamo una política de rehabilitación y reinserción".

 

El senador Walker valoró esta iniciativa, sobre todo en lo relativo a la implementación del brazalete electrónico en casos de personas que hayan cometido delitos sexuales contra menores. "Es muy importante que para estos condenados se establezca la pena sustitutiva de libertad vigilada especial, es decir que tengan un sistema de control satelital con el brazalete ...este dispositivo se puede esconder y por tanto, no hay ninguna situación que afecte la dignidad o estigmatice a las personas".

 

Finalmente, el senador Gómez valoró los avances de esta iniciativa, pero advirtió la necesidad de "preocuparse del desarrollo de Gendarmería. Se ha aumentado el personal, pero hay una serie de funciones y decisiones que requieren de capacitación y desarrollo estratégico que hay que poner en la mira". Del mismo modo, dijo que hay que preocuparse del Sename y dividir las tareas orientadas a los infractores de ley y a los que han sido vulnerados por sus derechos.

 

El Ministro de Justicia agradeció el apoyo brindado a este proyecto, el que as u juicio "es la reforma más relevante en la materia en los últimos 29 años. Estamos contemplando una cantidad mayor de opciones de cumplimiento de penas alternativas, estamos introduciendo tecnología como los brazaletes electrónicos, porque estamos racionalizando el uso de la cárcel. Queremos que la privación de libertad esté unida a delitos más graves".

 

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